En Bolivia, efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas iniciaron este sábado un operativo conjunto para retirar los bloqueos que desde principios de mayo mantenían interrumpidas varias carreteras principales en las regiones del occidente y el centro del país.
El despliegue de los agentes comenzó desde temprano en zonas como El Alto, cerca de La Paz, con el objetivo de remover piedras, bloques de cemento y montículos de tierra colocados en las vías por manifestantes. Uno de los principales puntos intervenidos fue la ruta hacia Oruro, donde también participaron fuerzas militares y policiales provenientes de distintas regiones.
Algunos habitantes de las áreas afectadas recibieron a las autoridades con muestras de apoyo, luego de permanecer aislados desde el 6 de mayo, cuando comenzaron las protestas impulsadas por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana (COB), a las que posteriormente se sumaron otros grupos sociales.
En localidades como Cruce Ventilla, vecinos y comerciantes expresaron alivio por la reapertura de las rutas, señalando que los cierres prolongados habían afectado gravemente sus actividades económicas y su vida cotidiana.
Las autoridades indicaron que en varios tramos solo quedaban restos de los bloqueos, sin presencia de manifestantes, lo que fue calificado como “bloqueos abandonados” o sin vigilancia. Según el Ministerio de Defensa, el operativo se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes, destacando un ambiente de calma durante las labores de limpieza.
En la zona de Achica Arriba, donde anteriormente se habían registrado enfrentamientos, aún eran visibles los daños provocados en infraestructuras públicas y vehículos oficiales incendiados durante las protestas.
El Gobierno boliviano informó que el operativo forma parte de un estado de excepción que restringe los bloqueos de vías y prohíbe el uso de elementos violentos, además de permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía para restablecer el orden y la circulación.
Las autoridades afirmaron que mantienen abierta la posibilidad de diálogo con los sectores movilizados, aunque recalcaron la prioridad de garantizar la libre transitabilidad y la seguridad de la población.
Las protestas han provocado serias consecuencias en el país, incluyendo desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en varias ciudades. Además, se reportan al menos 16 fallecidos y pérdidas económicas estimadas en unos 3.000 millones de dólares, según datos oficiales.
