El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) interpuso este lunes un recurso de apelación parcial contra la decisión que otorgó auto de no ha lugar al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el caso de presunta corrupción administrativa por el cual fueron enviados a juicio de fondo varios exfuncionarios.
El recurso fue depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con el propósito de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque la resolución emitida el pasado 29 de mayo y ordene la apertura de un juicio de fondo contra el exfuncionario.
Castillo, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2020 y actualmente es precandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para los comicios de 2028, enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con un esquema de financiamiento político descrito en la acusación.
Medidas de coerción
El ERPP solicitó además que se mantengan las medidas de coerción y restricciones patrimoniales vigentes mientras la corte conoce el recurso, con el fin de garantizar la continuidad del proceso judicial.
Cuestionamientos a la valoración de pruebas
En el escrito de apelación, el equipo anticorrupción sostuvo que la decisión judicial incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Según el recurso, el tribunal realizó una apreciación incorrecta de los elementos probatorios relacionados con los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento político.
La resolución recurrida admitió parcialmente la acusación y envió a juicio de fondo a varios imputados. Sin embargo, determinó que las evidencias contra Castillo y otros encartados no eran suficientes para justificar la apertura de juicio en esta etapa del proceso.
Petición de revocación
Con la apelación, el ERPP procura que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque el auto de no ha lugar y ordene la celebración de un juicio de fondo contra el exministro.
El caso forma parte de los procesos más relevantes en materia de persecución de la corrupción administrativa, en el que se busca establecer responsabilidades sobre el uso de fondos públicos y presuntas irregularidades en la gestión de obras estatales.
