La jueza federal Aileen M. Cannon, designada en 2020 por el presidente estadounidense Donald Trump, quedó a cargo de revisar la demanda presentada por el estado de Florida contra OpenAI y su herramienta ChatGPT, luego de que la empresa solicitara trasladar el caso de un tribunal estatal a la jurisdicción federal.
Asignación del caso
De acuerdo con documentos judiciales divulgados este miércoles, la Corte del Distrito Sur de Florida asignó de forma aleatoria el expediente a Cannon, quien cobró notoriedad en 2024 al desestimar el proceso penal relacionado con el manejo de documentos clasificados por parte de Trump.
La intervención de la magistrada se produjo después de que los abogados de OpenAI argumentaran que la demanda debía ser analizada por un tribunal federal, debido a que el estado basaba parte de sus acusaciones en la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) y otras disposiciones federales.
Argumentos de la empresa
En su recurso, la compañía sostuvo que la querella planteaba reclamaciones que surgían directamente de la legislación federal, por lo que consideraba que ese nivel de jurisdicción era el competente para conocer el caso.
Origen de la demanda
La acción judicial fue presentada el pasado 1 de junio por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, convirtiéndose en la primera demanda de un estado contra OpenAI por asuntos relacionados con el diseño y la seguridad de un sistema de inteligencia artificial.
Entre las acusaciones, Florida sostuvo que ChatGPT habría contribuido a la planificación de tiroteos, generado conductas adictivas en menores de edad y afectado el desarrollo del pensamiento crítico de algunos usuarios.
Investigación paralela
El proceso civil se desarrolla de forma paralela a una investigación penal iniciada en abril por la Fiscalía estatal, que busca determinar si la plataforma pudo haber influido o brindado orientación al autor del tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida, donde murieron dos personas.
Debate sobre regulación
El caso también reavivó el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Mientras la administración del gobernador Ron DeSantis ha impulsado acciones legales contra compañías tecnológicas y plataformas digitales, el presidente Donald Trump firmó en diciembre una orden ejecutiva para promover un marco regulatorio federal único sobre la inteligencia artificial y limitar las regulaciones estatales.
Próximos pasos
La asignación del caso a Cannon abre un nuevo capítulo en la disputa legal, que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de las empresas de inteligencia artificial frente a los estados y sobre el alcance de la jurisdicción federal en este tipo de litigios.
