El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción administrativa, denunció este viernes supuestos “abusos” en la justicia por el caso que se le sigue y defendió que la persecución de la corrupción debe realizarse “respetando rigurosamente las reglas del Estado de derecho”.
Documento de denuncia
En un extenso escrito difundido a los medios, Rodríguez —quien de acuerdo con el expediente judicial habría malversado más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020— afirmó que muchos de los abusos que señala forman parte de su propia experiencia y “nunca deberían encontrar espacio en un Estado de Derecho”.
Criticó que se manipulen procesos penales para sustituir el juicio en los tribunales por un “juicio paralelo en la opinión pública” mediante filtraciones selectivas, ruedas de prensa o información incompleta que, según dijo, condicionan a los jueces. “Ninguna rueda de prensa debe sustituir una sentencia”, subrayó.
Presiones y afectaciones
Rodríguez sostuvo que no deberían existir presiones sobre jueces ni abogados defensores, ni intimidaciones a clientes o entidades financieras vinculadas a un imputado. También denunció que se utilicen mecanismos como la suspensión de visados o restricciones a las visitas en recintos penitenciarios para provocar aislamiento familiar.
Afirmó que se han ocultado pruebas relevantes, retrasado su entrega y negado documentos ordenados por jueces, además de usar la prisión preventiva como castigo y permitir que un proceso penal supere el plazo máximo de cuatro años establecido por ley.
Impacto en la democracia
El exprocurador advirtió que la democracia se debilita cuando la investigación deja de buscar la verdad y empieza a producir consecuencias que ninguna sentencia ha impuesto, como la pérdida de patrimonio, profesión, reputación o tranquilidad familiar.
“No existe contradicción entre combatir la corrupción y respetar los derechos fundamentales. Al contrario: solo cuando ambas cosas ocurren simultáneamente puede afirmarse que existe verdadera justicia”, concluyó.
Decisión judicial reciente
El pasado martes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de nulidad del juicio planteada por las defensas de Rodríguez y sus coimputados, y ordenó la continuación del proceso el 22 de julio de 2026 a las 9:00 de la mañana.
La resolución indicó que no había razón para establecer que el uso de un mote en el proceso penal causara un agravio al derecho de defensa, aunque ordenó a las partes abstenerse de utilizar apodos, en cumplimiento de una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC).
Contexto del caso
Rodríguez enfrenta acusaciones de haber liderado una estructura de corrupción administrativa durante su gestión como procurador general, con contratos irregulares y desvío de fondos públicos. El expediente lo vincula con operaciones fraudulentas que habrían comprometido más de 6,000 millones de pesos.
El juicio, considerado uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, continúa bajo la atención pública y con fuertes cuestionamientos sobre el manejo procesal y las garantías de debido proceso.
