La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional pospuso este jueves la decisión sobre el recurso presentado por el Ministerio Público para que Jean Andrés Pumarol Fernández sea enviado o no a juicio de fondo por el ataque con arma blanca ocurrido en el residencial Naco Dorado IV, donde una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas.
Audiencia aplazada
El tribunal pidió disculpas por los inconvenientes que pueda causar el aplazamiento y fijó para el 6 de agosto, a las 11:00 de la mañana, la lectura de su decisión. La corte está integrada por los jueces Ysis Muñiz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez Rosa, quienes deberán decidir sobre el recurso interpuesto contra el auto de no ha lugar a favor de Pumarol Fernández, emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El caso
El acusado, de 30 años, está implicado en un ataque con arma blanca en el que murió Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, y resultaron heridos Guillermo Pumarol, Francisco Texano, Teresa Fabián Heredia, Griselda Ozuna y Victoria Heredia. El juez de instrucción dictó previamente un auto de no ha lugar al considerar que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos, lo que lo excluía de responsabilidad penal.
Argumentos del Ministerio Público
El órgano acusador sostiene que existen méritos suficientes para llevar el caso a juicio y acusa a Pumarol de homicidio voluntario, tentativa de homicidio, heridas voluntarias y violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Asimismo, le atribuye el delito de homicidio animal, previsto en el artículo 61, numeral 6, de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, por la muerte de la perra de la víctima.
Reclamos de la familia
Al cumplirse un año de la tragedia, Carolin Taveras, hija de la fallecida, afirmó que la familia no desistirá hasta que se haga justicia. “Esperamos ya una sentencia definitiva sobre qué pasará con el caso de mi madre”, expresó, al reiterar su confianza en que los tribunales adopten una decisión que permita establecer responsabilidades. Los familiares cuestionaron que el joven esté en libertad y, a través de su abogado Miguel Valerio, compararon el caso con otros similares en los que los acusados se encuentran recluidos en centros psiquiátricos de las cárceles.
