El Ministerio Público presentó este miércoles ante los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el recurso de apelación contra la sentencia que descargó a los procesados por la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos.
Recurso de apelación
El órgano acusador recurrió la decisión que en 2024 descargó a los encartados Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
La apelación también fue presentada contra las razones sociales Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L., Inversiones Fernández Parache (Infepa), Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., así como contra la propia Corde.
Fiscalía actuante
El recurso fue firmado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete. “En el día de hoy el Ministerio Público cumplió con presentar el recurso de apelación contra la extinción del proceso penal”, declaró Pichardo tras concluir la audiencia.
Audiencia aplazada
Los jueces de la corte, integrada por Ysis Muñiz (presidenta), Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera, aplazaron la audiencia para emitir fallo el jueves 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
Argumentos de la apelación
El recurso fue presentado contra la sentencia penal 941-2024-SSEN-00082, emitida el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que declaró la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso. La Fiscalía sostiene que se hizo una errónea aplicación de las leyes, que no se corresponde con la acusación ni con las pruebas aportadas, por lo que espera que se revoque la decisión y se ordene la continuación del juicio.
Sobre el caso
Los involucrados fueron procesados por desfalcar al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con expectativa de ganancias de unos RD$5,000 millones. La acusación indica que los funcionarios se coludieron para violar el ordenamiento jurídico y enajenar propiedades estatales, obligando a los moradores del sector Los Tres Brazos a comprar los predios donde residían desde hacía décadas.
El caso recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 166, 171, 175 y 405 del Código Penal Dominicano, además de la Ley 346-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
