El gobierno estadounidense instauró este martes una nueva regla para acelerar los trámites de demanda de asilo, medida que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes.
Objetivo de la norma
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la decisión busca reducir el gran atraso en el examen de solicitudes de refugio en el país. Bajo la nueva regla, las demandas serán examinadas directamente por los jueces de inmigración, dependientes del Departamento de Justicia, sin mantener la entrevista previa con un funcionario de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que hasta ahora era el primer contacto oficial de quienes pedían asilo.
Impacto en los casos
El DHS indicó que hasta 444,724 casos, equivalentes al 31 % de los 1.43 millones acumulados, podrían verse afectados por la medida. “El actual sistema básicamente permite que un extranjero tenga una segunda oportunidad para obtener asilo”, señaló el organismo. La nueva norma, añadió, “acortará el tiempo total que les toma a los oficiales de asilo y a los jueces de inmigración dictaminar sobre las solicitudes”.
Argumentos oficiales
El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que “durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección”. “El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas”, agregó, subrayando que la norma busca garantizar que los recursos se destinen a la pronta resolución de solicitudes legítimas.
Contexto político
El abogado general del DHS, James Percival, sostuvo que la nueva regla “mejorará la eficiencia y cumplirá la promesa del presidente Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal”. Trump, quien regresó al poder el año pasado, ha impulsado una serie de medidas para acelerar deportaciones y reducir cruces fronterizos, en línea con su campaña centrada en la expulsión de migrantes indocumentados.
Debate abierto
La decisión genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, que advierten que la eliminación de la entrevista inicial podría limitar las garantías procesales de quienes buscan protección legítima. El gobierno, en cambio, insiste en que la medida permitirá descongestionar el sistema y priorizar los casos más urgentes.
