El Gobierno de Nicaragua tiene previsto aprobar en septiembre una reforma parcial a la Constitución que impediría la participación en las elecciones de personas que hayan sido despojadas de su nacionalidad y que sean consideradas por las autoridades como «traidores a la patria». La propuesta ha despertado preocupación y críticas por parte de diversos actores de la comunidad internacional.
La copresidenta Rosario Murillo informó que la iniciativa será sometida a un proceso de consultas con distintos sectores antes de ser debatida y aprobada en la primera legislatura de septiembre. Según explicó, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ya inició las reuniones para presentar el alcance de la reforma.
Como parte de este proceso, diputados sostuvieron un encuentro con embajadores acreditados en Nicaragua para exponer los objetivos del proyecto. Además, está previsto que el Parlamento dialogue con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ejército y la Policía Nacional.
La propuesta surge luego de que el presidente Daniel Ortega afirmara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» para que la oposición no pueda recuperar el poder mediante los comicios.
Las declaraciones del mandatario y el contenido de la reforma han generado reacciones de rechazo y preocupación de países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil, Perú y Uruguay, así como de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que sí habrá elecciones en Nicaragua, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según indicó, buscará proteger la soberanía nacional y evitar la participación de quienes el Gobierno considera responsables de acciones contra el país.
