El Gobierno de Estados Unidos anunció la incorporación de 43 empresas chinas a la lista de entidades sancionadas por su presunta relación con el trabajo forzoso en la región de Xinjiang. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), impedirá el ingreso al mercado estadounidense de los productos fabricados por estas compañías a partir del 3 de agosto.
Con esta actualización, la lista de empresas restringidas aumentará a 187, lo que representa la mayor ampliación desde la creación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA).
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las compañías operan en sectores como el aluminio, el algodón, el cobre, la confección y el procesamiento de tomates. Además, habrían utilizado materias primas provenientes de Xinjiang o participado en programas de contratación de integrantes de minorías étnicas, entre ellas uigures, kazajos y kirguises.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la Administración de Donald Trump busca impedir que mercancías elaboradas bajo condiciones de explotación laboral compitan con los productos fabricados por trabajadores estadounidenses.
El DHS también informó que, desde la entrada en vigor de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha retenido más de 24.300 cargamentos con un valor cercano a los 1.000 millones de dólares por sospechas de estar vinculados con trabajo forzado.
La decisión forma parte de la estrategia comercial de Washington para reforzar sus controles sobre las cadenas de suministro internacionales. En los últimos días, Estados Unidos también impuso nuevos aranceles a productos procedentes de 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea, México, Canadá, Japón e India, con el objetivo de evitar el ingreso de bienes asociados a violaciones de derechos laborales.
Por su parte, China rechazó las sanciones y calificó la medida como un acto de «coerción económica». El Ministerio de Comercio chino afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y advirtió que las restricciones afectan los intereses legítimos de sus empresas y ponen en riesgo la estabilidad de las cadenas globales de suministro.
Asimismo, Pekín reiteró que en Xinjiang no existe trabajo forzoso, pidió a Estados Unidos cesar lo que considera una campaña de desprestigio contra la región y anunció que tomará las acciones necesarias para proteger a las compañías afectadas.
