Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de los últimos años, tras registrar un nuevo apagón general que dejó a gran parte del país sin servicio eléctrico. Con este incidente, la isla acumula once interrupciones nacionales del suministro en apenas dos años, reflejo del deterioro del sistema eléctrico y de la escasez de combustibles.
Las prolongadas interrupciones del servicio se han convertido en una realidad cotidiana para la población. En La Habana, los cortes de electricidad superan con frecuencia las 20 horas diarias, mientras que en varias provincias pueden extenderse hasta tres días consecutivos.
Las autoridades han reconocido que el Sistema Electroenergético Nacional atraviesa una situación crítica debido al envejecimiento de las plantas termoeléctricas, muchas de ellas construidas entre las décadas de 1960 y 1970. La mayoría de estas instalaciones opera con constantes averías o permanece fuera de servicio por mantenimiento, lo que limita seriamente la capacidad de generación eléctrica.
Especialistas estiman que la recuperación de la infraestructura energética requeriría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar la red y garantizar un suministro estable.
A esta situación se suma la reducción en el abastecimiento de petróleo, provocada por las restricciones impuestas por Estados Unidos, que han dificultado la llegada de combustible a la isla. En los últimos siete meses, solo un buque procedente de Rusia ha suministrado crudo, lo que permitió aliviar temporalmente los apagones durante unas dos semanas.
Ante este panorama, el Gobierno cubano ha acelerado su apuesta por las energías renovables, especialmente la solar, con la construcción de decenas de parques fotovoltaicos apoyados por cooperación china. Sin embargo, la limitada capacidad de almacenamiento mediante baterías impide cubrir la alta demanda eléctrica durante las horas nocturnas.
La crisis energética también ha tenido un fuerte impacto en la vida cotidiana de los cubanos. Además de los constantes apagones, el transporte público opera de forma limitada, los hospitales mantienen únicamente servicios esenciales y el incremento de los precios de alimentos y medicamentos ha agravado las dificultades económicas. Esta situación ha generado un creciente descontento social, reflejado en protestas pacíficas y manifestaciones en distintas zonas del país.
