La firma Eduardo Jorge Prats, Abogados y Consultores puso a disposición de las empresas un informe sobre compliance penal, en el que analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia de contar con programas de cumplimiento ante las nuevas disposiciones del Código Penal dominicano.
El documento, publicado este lunes, aborda los cambios introducidos por la Ley núm. 44-26, que modifica la Ley núm. 74-25, mediante la cual fue establecido el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La firma plantea que las empresas, grupos empresariales y personas jurídicas deben aprovechar el período previo a la entrada en vigor de determinadas disposiciones para diseñar y elaborar planes de cumplimiento normativo que les permitan prevenir posibles infracciones y reducir los riesgos derivados de la nueva legislación.
De acuerdo con el informe, los programas de cumplimiento pueden tener relevancia frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido a que la nueva normativa contempla causas atenuantes y eximentes para aquellas entidades que hayan adoptado programas de cumplimiento que sean efectivos y eficaces.
La recomendación adquiere especial importancia ante la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 44-26. El documento señala que existe una vacatio legis de tres meses adicionales, contada a partir del 5 de agosto de 2026, para determinadas disposiciones, período que puede ser utilizado por las empresas para adecuar sus estructuras internas y establecer mecanismos de prevención.
El informe de Eduardo Jorge Prats destaca así la necesidad de que las empresas no esperen a la entrada en plena aplicación de las nuevas disposiciones para implementar mecanismos de cumplimiento, sino que comiencen desde ahora a identificar riesgos, establecer controles internos y definir protocolos que contribuyan a prevenir conductas que puedan generar responsabilidad penal.
La publicación forma parte del análisis jurídico que la firma realiza sobre el impacto del nuevo marco penal en las personas jurídicas y las herramientas de compliance disponibles para reducir los riesgos legales que enfrentan las empresas.
