El Gobierno de Venezuela informó este sábado que ha inspeccionado al menos 51,124 edificaciones tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado 24 de junio, en el que la mayoría de las estructuras no presentó daños graves.
El anuncio fue realizado por el ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien lidera la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras. Según detalló, el 58 % de las edificaciones inspeccionadas recibieron la etiqueta verde (seguras para ser ocupadas), el 23 % la amarilla (alerta y revisión) y el 18 % la roja (alto riesgo). Para este trabajo se han desplegado 3,071 inspectores en las zonas afectadas.
Reparación de viviendas y apoyo financiero
El jueves, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que el Gobierno está reparando más de 13,000 viviendas afectadas por los sismos, dentro de un balance oficial que contabiliza 41,624 hogares perjudicados.
Rodríguez también anunció que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas. Las que cuesten hasta 70,000 dólares serán subsidiadas en un 80 %, mientras que aquellas con valores entre 70,000 y 100,000 dólares recibirán un subsidio del 50 %.
En paralelo, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario tras los terremotos.
Impacto económico y advertencia internacional
El Banco Mundial estimó en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por el desastre y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.
La magnitud de las pérdidas y el número de viviendas afectadas convierten a este proceso de reconstrucción en uno de los mayores retos para el Gobierno venezolano en los últimos años, en un contexto de crisis económica y social que ya venía afectando a la población.
