El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra Aurelio Valdez Alcántara, fiscal que al momento de los hechos formaba parte del equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a quien se le imputa haber solicitado un soborno y recibido US$10,000 mediante una entrega controlada.
La acusación fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales.
Los hechos imputados
De acuerdo con el expediente, Valdez Alcántara participó en investigaciones de casos de corrupción administrativa, entre ellas la iniciada en 2024 contra un entramado que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por miles de millones de pesos.
Según la acusación, en diciembre del año pasado el entonces fiscal interrogó a una persona vinculada a esa investigación, de quien obtuvo el número telefónico para luego comunicarse vía WhatsApp. El Ministerio Público sostiene que, tras varias acciones intimidatorias, el acusado ofreció ayudar al investigado a cambio de US$200,000, suma que posteriormente redujo a US$150,000. Durante las negociaciones, también habría mostrado interés en un reloj Rolex y exigido un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, las partes acordaron la entrega de US$10,000, realizada en marzo mediante una operación controlada, tras lo cual se ejecutó la orden de arresto contra Valdez Alcántara.
Medidas y acusación
El fiscal fue sometido a la justicia y en mayo se le impuso prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. La medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó para el próximo 3 de septiembre la revisión obligatoria de la prisión preventiva.
El Ministerio Público solicitó mantener la medida de coerción y las cautelares sobre sus bienes, además de admitir todos los elementos de prueba presentados. La acusación establece que Valdez Alcántara habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal dominicano, así como en varias disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
