El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, uno de los militares recientemente condenados por la estafa de más de RD$4,500 millones al Estado, interpuso un recurso de habeas corpus para que se le levantara el arresto domiciliario, pero este fue rechazado este lunes.
Girón se hizo conocido por los testimonios en los que detalló cómo se orquestó la trama dentro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur). Aunque el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo condenó en mayo a la “pena cumplida” de cinco años, por haber pasado ese tiempo bajo arresto domiciliario, la sentencia aún no es firme porque no se ha leído íntegramente ni notificado a las partes.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar explicó que este fue el argumento utilizado por el juez de ejecución de la pena para rechazar el cómputo solicitado por Girón. Ante esa decisión, el militar presentó el habeas corpus ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, pero el juez Franny González lo declaró “improcedente”, al considerar que el juez de ejecución “actuó bien”.
González señaló que existe otra vía para solicitar el levantamiento de la medida de coerción, y el Primer Tribunal Colegiado tiene pautado conocer próximamente esa petición. Girón colaboró con el Ministerio Público durante la investigación y la “pena cumplida” fue solicitada por el órgano acusador.
La lectura íntegra de la sentencia contra Girón y los demás militares está fijada para el 14 de agosto, y un día después comenzará a correr el plazo de apelación. En el mismo caso fueron condenados el mayor general Adán Cáceres Silvestre a 20 años de prisión, los generales Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola a 20 y 15 años, respectivamente, el coronel Rafael Núñez de Aza a 20 años y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez a 15 años de cárcel.
La decisión reafirma que, pese a la colaboración de Girón y a la solicitud de pena cumplida, su situación jurídica aún depende de la firmeza de la sentencia y de las próximas audiencias.
