La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusó este viernes al Ministerio Público de impulsar una “ofensiva comunicacional” para desviar la atención del debate jurídico que deberá resolver el próximo lunes 17 de agosto el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sobre la posible extinción del proceso judicial que enfrenta el exfuncionario.
Los abogados sostienen que, tras el amplio debate público generado esta semana sobre la procedencia de la extinción y luego de que sectores de la comunidad jurídica consideran que la solución aplicable es declarar la terminación del proceso, el Ministerio Público intenta trasladar nuevamente la discusión hacia las imputaciones de fondo.
Estrategia comunicacional y acusaciones
Según la defensa, esta estrategia incluye declaraciones sobre las supuestas “34 líneas de investigación”, el alegado “blindaje” del expediente y presuntos acuerdos que, afirmaron, Rodríguez niega categóricamente.
“No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez. Quizás el Ministerio Público esté confundiendo este proceso con otros casos en los que sí se han discutido acuerdos, como el que se rumora respecto al caso Senasa”, señalaron los abogados.
La defensa recordó que tres decisiones de distintos tribunales, incluida la sentencia núm. 059-2023-SRES-00003 del Tercer Juzgado de la Instrucción, descartaron que las dilaciones fueran atribuibles a su cliente y concluyeron que los retrasos fueron generados por el Ministerio Público.
Entre las actuaciones que, a su juicio, provocaron las dilaciones, mencionaron una investigación deficiente, solicitudes de prórroga, intimaciones para depositar la acusación, ocultamiento y entrega tardía de documentos, desacato de sentencias y la presentación de una acusación de más de 12,000 páginas. También cuestionaron la entrega de un disco duro defectuoso con unas 3,000 supuestas pruebas y 666,000 archivos, además de la inclusión de elementos que corresponderían a otros procesos.
Debate jurídico pendiente
Los abogados advirtieron que la estrategia comunicacional pretende distraer a la ciudadanía y generar presión pública sobre los jueces mediante la discusión de acusaciones que, aseguran, ya han desmontado documentalmente.
“Ya desmontamos esas 34 imputaciones y lo haremos cuantas veces sea necesario. Pero ese no es el debate que debe distraer hoy al país. La pregunta es mucho más sencilla: ¿puede el Estado mantener durante casi seis años un proceso para el cual la ley estableció un límite máximo de cuatro?”, plantearon.
La defensa reiteró que el tribunal debe decidir conforme a la ley si el Estado agotó el plazo máximo de persecución penal establecido en el Código Procesal Penal, y que esa es la cuestión central que se resolverá en la audiencia del próximo lunes.
