Una coalición de ocho asociaciones de educadores y sindicatos presentó este miércoles una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para bloquear la implementación de una norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.
La querella fue interpuesta ante un tribunal federal de Massachusetts, con el objetivo de frenar la entrada en vigor de la regla que reduce el tiempo de estadía legal de quienes ingresan con visados F (estudiantes universitarios), J (intercambio) e I (representantes de medios internacionales).
La norma establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, mientras que los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas. En el caso de periodistas con pasaporte de China, el límite será de 90 días.
Argumentos de la demanda
Los demandantes sostienen que la norma final viola la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “no evaluó adecuadamente” sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a los comentarios del público y no consideró alternativas menos onerosas.
También alegan que el DHS excedió su autoridad legal y no proporcionó un período de consulta pública adecuado.
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), afirmó que la norma “menoscabará gravemente” las contribuciones de los estudiantes internacionales a los campus, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
Por su parte, Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, el sindicato más grande de trabajadores de medios en EE.UU., consideró que los cambios a los visados de periodistas extranjeros son un intento más de la Administración Trump por coartar la labor informativa, sumándose al desmantelamiento de Voice of America y Radio Free Asia.
Impacto potencial
La medida ha generado preocupación en universidades, medios de comunicación y organizaciones de intercambio cultural, que advierten que limitar la estadía de estudiantes y periodistas podría afectar la atracción de talento internacional, restringir la libertad de prensa y debilitar los vínculos académicos y culturales de Estados Unidos con otros países.
El tribunal deberá decidir si concede la suspensión solicitada por los demandantes antes de que la norma entre en vigor el próximo mes.
