El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reenvió para el próximo 2 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros 34 acusados de un presunto entramado de corrupción administrativa que habría provocado un perjuicio al Estado superior a RD$19,000 millones.
El tribunal, integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, decidió suspender la audiencia de este miércoles.
Decisiones del tribunal
Durante la jornada, las juezas ordenaron la fusión de los expedientes del exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el expediente matriz, al tiempo que rechazaron la solicitud de reposiciones de plazos presentada por las defensas.
Esto significa que los abogados de los acusados no obtuvieron la restitución de un plazo procesal para realizar nuevas actuaciones, pues el tribunal consideró que no correspondía.
En este proceso, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional había ordenado la apertura a juicio contra 35 de los 40 imputados incluidos inicialmente en el expediente.
Ministerio Público y acusaciones
En la audiencia de hoy, el Ministerio Público estuvo representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor y Melbin Romero.
El órgano acusador sostiene que cuenta con elementos suficientes para demostrar las presuntas irregularidades cometidas en detrimento del erario público y sustentar la responsabilidad penal de los acusados.
Además de Guerrero, entre los procesados figuran el abogado Ángel Lockward; el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santandreu; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa.
También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina; Yahaira Brito Evangelista; Edwin Oscar Brito; Mabel Mejía; Nathaly Hernández Guzmán; Kimberly Zayas Martínez; Marino Cabrera; Agustín Mejía Ávila; César Santana; Omar Miqui Arias; Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes, entre otros.
Según la acusación, los imputados presuntamente integraban una estructura corrupta que habría desviado recursos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de un esquema de sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público también asegura que el entramado sustrajo fondos destinados al pago de deudas de distintos ministerios y desarrolló un esquema vinculado a los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.
Los cargos incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
Durante la fase preliminar, la jueza Altagracia Ramírez recibió más de 1,278 medios de prueba depositados por el Ministerio Público para sustentar la acusación.
La investigación se inició el 18 de marzo de 2023, cuando las autoridades realizaron 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, con la participación de 40 fiscales, decenas de técnicos, 300 agentes de la Policía Nacional y personal administrativo.
