La República Dominicana comenzó a ser consultada por otros países que buscan conocer su experiencia en materia de lucha contra la corrupción y recuperación de activos, afirmó este lunes el coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, durante su participación en el Foro de Contrataciones Públicas 2026.
Henríquez destacó los avances alcanzados por el país en la recuperación de bienes y recursos vinculados a actos de corrupción, así como los retos que persisten para hacer más efectiva esta estrategia.
Reconocimiento internacional y política pública
El funcionario explicó que la creación del ERPP como política pública, por decisión del presidente Luis Abinader, busca afectar uno de los principales incentivos de la corrupción: el beneficio económico obtenido mediante estas prácticas.
“He sido testigo en varias ocasiones en que me ha correspondido con el director Carlos Pimentel intercambiar en foros internacionales y ver que antes tenían que venir a asesorarnos a nosotros, y hoy por hoy en esos foros internacionales hacen fila para que nosotros les demos asesoría”, expresó Henríquez.
Señaló que además de las consecuencias penales, la recuperación de activos y las sanciones civiles pueden comprometer el patrimonio de quienes incurran en actos de corrupción, incluso bienes adquiridos antes de la comisión del delito.
El coordinador del ERPP sostuvo que la recuperación del patrimonio público debe complementar las sanciones de prisión, al considerar que constituye un elemento fundamental para combatir la corrupción y reducir la impunidad.
Retos y fortalecimiento institucional
Henríquez reconoció que todavía existen desafíos para lograr una recuperación más efectiva de los bienes y recursos públicos, aunque destacó los avances en la coordinación interinstitucional y en el fortalecimiento del marco jurídico.
Entre los retos, señaló la necesidad de fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a los casos de corrupción y de garantizar la independencia del Poder Judicial para que estos delitos reciban sanciones acordes con el daño ocasionado al Estado.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el panel “Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción”, en el que también participaron el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director financiero de la Unidad de Antifraude de la Contraloría.
