Santo Domingo. — El Tribunal Constitucional (TC) conocerá este miércoles una acción directa de inconstitucionalidad que cuestiona varios artículos de la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, modificada por la Ley 17-95, por considerar que penalizan la posesión de sustancias destinadas al consumo personal.
La acción fue presentada por el abogado Affe Gutiérrez Gil, quien solicita al alto tribunal declarar inconstitucionales las disposiciones cuestionadas o, en su defecto, establecer una interpretación que sea compatible con la Constitución dominicana.
El recurso se concentra en la posesión para consumo propio y el consumo privado de sustancias cuando estas conductas no afectan los derechos de otras personas. El jurista sostiene que castigar penalmente estas acciones puede vulnerar derechos fundamentales establecidos en la Constitución y compromisos internacionales asumidos por República Dominicana.
La adicción como un problema de salud
Uno de los principales argumentos de la acción es que la adicción debe ser entendida como una condición de salud y una enfermedad crónica, por lo que su tratamiento no debería limitarse a la respuesta penal.
Gutiérrez Gil plantea que la persecución y el encarcelamiento de personas únicamente por consumir o poseer sustancias para uso propio podrían afectar derechos como la dignidad humana y el acceso a la salud.
El recurso también invoca el Bloque de Constitucionalidad y cita criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de decisiones judiciales de otros países, como el caso Arriola, de la Corte Suprema de Argentina.
Cuestionan presunciones por cantidad de sustancia
Otro de los aspectos señalados es la utilización de la cantidad de sustancia ocupada como elemento para presumir una intención delictiva.
Según el recurso, esa práctica podría vulnerar principios como la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y el debido proceso. Para sustentar este planteamiento, la acción hace referencia a la Sentencia TC/0365/17 del propio Tribunal Constitucional.
El abogado plantea que, en los casos de posesión, debe existir una valoración individualizada de las circunstancias y pruebas que permitan establecer si hubo intención de comercializar o distribuir la sustancia.
También cuestiona el impacto penitenciario
La acción constitucional hace referencia además a la situación del sistema penitenciario dominicano y al número de personas privadas de libertad vinculadas a procesos relacionados con drogas.
El documento sostiene que una parte significativa de la población carcelaria está relacionada con este tipo de delitos y señala la necesidad de fortalecer los programas de tratamiento y rehabilitación para personas con problemas de consumo.
¿Qué solicita el recurso?
La acción pide al Tribunal Constitucional revisar los artículos 28, 5, 6, 7 y 29 de la Ley 50-88, en la medida en que puedan penalizar la posesión destinada al consumo personal y el consumo privado de sustancias sin afectación a terceros.
De manera subsidiaria, solicita que esas disposiciones sean interpretadas de forma que fiscales y jueces deban demostrar, mediante pruebas individualizadas, la existencia de actos de comercialización o distribución, sin basarse exclusivamente en la cantidad de sustancia ocupada.
Asimismo, propone que el Congreso Nacional revise el marco legal sobre sustancias controladas para adecuarlo a criterios actuales de salud pública, proporcionalidad y derechos humanos.
La decisión del Tribunal Constitucional podría generar un precedente sobre el tratamiento jurídico de la posesión y el consumo personal de sustancias controladas en República Dominicana.
