El Gobierno de Puerto Rico anunció este miércoles un acuerdo con Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, por el cual recibirá alrededor de 125 millones de dólares como compensación por los daños provocados por la adicción de menores de edad a sus plataformas digitales.
La secretaria del Departamento de Justicia del archipiélago, Lourdes L. Gómez, calificó el pacto como un “hito judicial para Puerto Rico”. Según explicó, aproximadamente el 76 % de los niños y niñas de la isla usan Instagram y más de dos millones de residentes utilizan alguna plataforma de Meta. “Hoy garantizamos 124.7 millones para atender esos daños y, más importante aún, cambios concretos y auditados en cómo Instagram y Facebook tratan a nuestros menores”, enfatizó.
Medidas de protección y destino de los fondos
El acuerdo establece que Puerto Rico recibirá 124.7 millones de dólares en diez cuotas, con la posibilidad de obtener 53.7 millones adicionales si otras plataformas como TikTok, YouTube y Snap adoptan protecciones equivalentes.
Meta deberá implementar nuevas medidas de seguridad para usuarios menores de edad, incluyendo pausas durante la utilización, control de uso nocturno, límites de tiempo de quince minutos de uso continuo y un máximo de 60 a 90 minutos acumulados, además de sistemas de verificación de edad.
Al menos la mitad de los fondos se destinará a programas de atención y prevención de daños en la niñez y juventud puertorriqueña, en coordinación con el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Educación.
Contexto legal y alcance nacional
El acuerdo llega tras la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en diciembre de 2024, que denunció que Meta diseñó sus plataformas para generar adicción en menores y provocar daños a la salud mental.
La sentencia por consentimiento será sometida en los próximos días y forma parte de un consenso negociado por una coalición de más de cuarenta jurisdicciones, liderada por los procuradores generales de Colorado y Tennessee.
Este pacto se produce en paralelo al acuerdo nacional por el cual Meta aceptó pagar hasta 16,680 millones de dólares para resolver demandas similares en Estados Unidos. Aunque la compañía niega las acusaciones y cualquier responsabilidad, decidió aceptar el acuerdo para evitar prolongar los litigios.
