El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado de la República un proyecto de ley que busca derogar la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, promulgada en febrero de 2020, con el propósito de establecer un marco normativo más moderno y eficiente.
La propuesta fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo, quienes explicaron que la iniciativa responde a la experiencia acumulada en seis años de aplicación de la normativa vigente y a la necesidad de fortalecer la participación del sector privado en proyectos estratégicos.
“Nos hemos propuesto duplicar el tamaño de la economía para el 2036. Es una meta país que invita a que el sector público y el sector privado tengan sinergia para lograrla. Actualizar el instrumento es fundamental, porque en la práctica no hemos logrado todas las alianzas que habíamos querido”, expresó Paliza.
Modernización y novedades
El proyecto plantea la creación de una Ley General de Alianzas Público-Privadas, que permita reducir plazos, mejorar procesos y garantizar mayor transparencia. Entre las novedades figura la conformación de un Consejo de Alianzas Público-Privadas, órgano superior de decisión con atribuciones para declarar el interés público, aprobar pliegos, adjudicar contratos y autorizar transferencias de recursos.
El modelo permitirá que las iniciativas puedan ser promovidas tanto por entidades públicas como privadas, fortaleciendo la capacidad del Estado para desarrollar proyectos viales, atraer inversión, mejorar infraestructuras y servicios de interés social, distribuir riesgos entre los sectores público y privado y proteger la sostenibilidad fiscal.
De acuerdo con Lugo, la propuesta busca “modernizar y eficientizar aún más la Ley 47-20, mediante la reducción de los plazos de algunos procesos, tanto del sector privado como de determinadas instituciones públicas”.
Trámite legislativo y visión de futuro
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la iniciativa y aseguró que será conocida en la próxima sesión para luego ser remitida a comisión. “Todo lo que hace el hombre tiene espacio para ser perfectible y mejorado. Ya es una ley que tiene seis años en curso, pero debe haber cambios significativos y le daremos el tratamiento adecuado”, indicó.
Aunque evitó confirmar si la nueva normativa podría aprobarse en la actual legislatura, De los Santos afirmó que será estudiada “sin prisa, pero sin pausa” y que “en un tiempo récord el país tendrá su nueva ley”.
Paliza adelantó que ya existe una alianza público-privada en proceso de perfeccionamiento que podría transformar el perfil de la provincia Samaná, con la construcción de un puerto de cruceros en Arroyo Barril, capaz de recibir hasta un millón de visitantes.
