Santo Domingo.— El 93 % de las instituciones públicas evaluadas en República Dominicana cumplió con los estándares de transparencia durante el segundo trimestre de 2026, correspondiente al período abril-junio, informó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
De acuerdo con el informe, de las 229 entidades sometidas a evaluación, 197 obtuvieron puntuaciones entre 90 y 100 puntos, mientras que 212 alcanzaron una calificación igual o superior a 85, considerada el nivel mínimo para cumplir con los parámetros establecidos.
La evaluación tomó en cuenta la publicación de información de interés público en los portales institucionales, entre ella los informes mensuales de ejecución presupuestaria, los procesos de compras y contrataciones, la aplicación de las normas de contabilidad pública, la evaluación de la nómina por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP) y las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), supervisadas desde la Contraloría General de la República.
La Digeig explicó que este proceso permite comprobar el cumplimiento de la Transparencia Activa, mediante la cual las instituciones tienen la responsabilidad de mantener disponible y actualizada la información pública en sus plataformas digitales.
Asimismo, durante el trimestre fue monitoreada la Transparencia Pasiva, relacionada con la capacidad de las entidades estatales para responder a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.
En este renglón fueron examinadas 219 instituciones, de las cuales 187 registraron un nivel de cumplimiento superior al 80 % en el Índice de Respuesta a las Solicitudes de Información de la Ciudadanía, equivalente a un 85.4 % de cumplimiento general.
La Digeig recordó que las instituciones públicas deben responder las solicitudes de acceso a la información dentro de un plazo de 15 días hábiles, conforme a lo establecido en la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública.
La directora general de la entidad, Milagros Ortiz Bosch, valoró los resultados y señaló que reflejan el esfuerzo de las instituciones estatales por consolidar una administración basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información.
Ortiz Bosch sostuvo que mantener los datos públicos actualizados y disponibles contribuye a fortalecer la confianza de la población en las instituciones y evidencia el compromiso del Estado con una gestión más abierta y responsable.
