Uno de los cinco hombres enviados a prisión preventiva por el presunto sicariato del dirigente comunitario José Frank Valerio figuraba en la nómina fija del Ayuntamiento de Los Alcarrizos al momento del crimen.
Se trata de Daimy Hernández Zorrilla, señalado por el Ministerio Público como la persona que supuestamente ordenó, planificó y pagó RD$50,000 para ejecutar el asesinato.
La nómina municipal correspondiente a julio de 2026, último mes publicado, identifica a Hernández Zorrilla como fiscalizador de espacios públicos, con número de empleado 0164 y un sueldo bruto mensual de RD$10,000. Después de las deducciones, el documento consigna un pago neto de RD$9,309. El crimen fue perpetrado el 14 de agosto, unas dos semanas después del período de esa nómina.
Detalles del expediente
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva a los cinco imputados y declaró el proceso de tramitación compleja.
De acuerdo con el expediente, el grupo habría intentado matar a Valerio una semana antes del crimen. El 7 de agosto, Valerio conversaba con Junior Adiel López Reyes en la parada de motoristas La Compuerta, en la carretera de Hato Nuevo, cuando ambos fueron atacados. López Reyes recibió varios disparos, mientras Valerio salió ileso.
El Ministerio Público sostiene que el 14 de agosto uno de los acusados avisó a los demás que Valerio se encontraba nuevamente en la parada. Posteriormente, los señalados llegaron al lugar y realizaron los disparos que le causaron la muerte.
Investigación en curso
La Policía Nacional informó que durante la investigación fueron analizadas cámaras de seguridad y recuperadas prendas de vestir presuntamente utilizadas por los atacantes. En la escena también fueron levantados cinco casquillos calibre nueve milímetros.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado cuál habría sido el motivo para ordenar el asesinato de Valerio, quien además de ser dirigente comunitario presidía una parada de motoristas y desarrollaba actividades políticas en Los Alcarrizos.
El juez Reyes Rodríguez dispuso que los cinco imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras continúan las investigaciones.
