La Justicia federal de Argentina dictó una medida cautelar para paralizar de inmediato el controvertido proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper en el archipiélago de las Malvinas.
La resolución fue emitida por la magistrada federal Mariel Borruto, con sede en la provincia de Tierra del Fuego, tras una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas.
El fallo prohíbe de forma tajante a las empresas perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura para la extracción y transporte de crudo, así como ejecutar cualquier obra terrestre o portuaria asociada a este yacimiento offshore, ubicado a unos 220 kilómetros de las islas y que tenía previsto comenzar a extraer petróleo en 2028.
Asimismo, la magistrada ordenó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration presentar ante la Justicia argentina información detallada sobre el estado actual de los trabajos, un cronograma actualizado, la nómina de contratistas, las entidades financieras y aseguradoras intervinientes, y los respectivos estudios de impacto ambiental.
La acción legal promovida en Río Grande advierte sobre la falta de autorizaciones gubernamentales y de evaluaciones de impacto ambiental exigidas por la legislación argentina. Además, señala que el proyecto representa una acción unilateral contraria a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, un espacio que Argentina considera parte de su plataforma continental.
Paralelamente, el Gobierno argentino interpuso una denuncia penal contra las compañías operadoras ante el juzgado federal de Julián Ercolini en Buenos Aires.
Por su parte, la firma Navitas desestimó el impacto de la medida al asegurar que operan mediante licencias legítimas otorgadas por la administración británica de las islas y que no prevén afectaciones significativas en sus planes de desarrollo. En la misma línea, el Gobierno del Reino Unido ratificó mediante una guía oficial que Argentina carece de jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
