La jueza suplente del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana I. Lee Florimón, adscrita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, autorizó al Ministerio Público a realizar 37 allanamientos y secuestro de bienes en el marco de la investigación del caso Senasa 2.0. La orden fue solicitada por la procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien quedó facultada para ejecutar las diligencias tanto en horas del día como de la noche.
El expediente judicial describe una estructura criminal organizada integrada por empleados de SeNaSa, médicos y particulares, que habría defraudado al Estado dominicano mediante autorizaciones médicas falsas, facturación irregular y uso indebido de datos personales de afiliados. Según el Ministerio Público, entre enero de 2021 y febrero de 2025 se realizaron más de 4,363 autorizaciones fraudulentas, con un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
Modus operandi
El principal imputado, Ángel Luis Guzmán Vásquez, ex auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, utilizó su posición para acceder a información confidencial de afiliados y, en asociación con familiares y médicos, solicitó procedimientos quirúrgicos y consultas especializadas inexistentes. Las llamadas se efectuaban desde los números 809-457-0438, 849-855-3822 y 809-617-2093, registrados a nombre de Guzmán y allegados.
Para ocultar su identidad, Guzmán y sus cómplices utilizaban nombres ficticios como “Pedro Martínez” o “Amatiris Gutiérrez”. Una vez obtenidas las autorizaciones, se emitían facturas y se generaban pagos que eran distribuidos entre los miembros de la red. Los médicos participantes recibían beneficios económicos por servicios nunca realizados y entregaban entre un 40 % y 60 % de lo cobrado al grupo encabezado por Guzmán.
Evidencias y peritajes
El Ministerio Público entrevistó a numerosos afiliados cuyos datos fueron utilizados en las reclamaciones falsas. Todos negaron haber recibido los servicios médicos, desconocieron las firmas en los documentos y señalaron que en las fechas registradas se encontraban en sus lugares de trabajo, en sus hogares o incluso fuera del país.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicó experticias caligráficas que confirmaron la falsificación de firmas en formularios atribuidos a médicos como Griselda Basora, Adriano Hernández López, Edwin Batista y Laura Santana Evangelista, entre otros. Los informes periciales demostraron que las firmas no correspondían a los afiliados, corroborando el esquema de fraude.
Médicos y empleados vinculados
Entre los profesionales de la salud mencionados figuran Adriano Hernández López, Griselda Basora, Edwin Batista, Laura Santana Evangelista, Hanna Rodríguez Almánzar, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Borrome Valdez, Wellington Ledesma Cáceres, Yocaira Méndez Beltré, Steven Rabssa Fernández y Eulalia Castro López.
Según el expediente, estos médicos participaron en la elaboración de reclamaciones falsas, firmaron formularios con diagnósticos inexistentes y recibieron pagos por servicios no prestados. Posteriormente, devolvían parte de los fondos al grupo criminal mediante transferencias o entregas en efectivo.
Impacto social y económico
El fraude afectó directamente a miles de afiliados del régimen subsidiado, pensionados y trabajadores informales, sectores vulnerables cuya cobertura depende del Estado. SeNaSa, con más de 7.5 millones de afiliados y responsable de la administración del régimen subsidiado, sufrió un perjuicio patrimonial significativo y una grave vulneración de la confianza pública.
El Ministerio Público calificó el caso como una de las mayores estafas contra el sistema de seguridad social dominicano, con impacto económico y social de gran alcance. La autorización judicial incluye la incautación de dispositivos electrónicos, documentos financieros, armas de fuego, dinero en efectivo y cualquier evidencia vinculada al fraude, así como la extracción y análisis de datos digitales de los equipos secuestrados.
Fuente: Expediente Ministerio Público
