Por: Awilma Nuñez-.SANTO DOMINGO.– La solicitud de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para que el Gobierno dominicano derogue el Decreto 693-24, que establece medidas arancelarias para el arroz y lo reconoce como un producto sensible para la soberanía y seguridad alimentaria del país, ha generado preocupación entre productores y distintos sectores vinculados al agro.
La USTR planteó el pasado 11 de septiembre que la eliminación de estas disposiciones es necesaria para garantizar los compromisos de acceso al mercado dominicano establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), particularmente en lo relativo al arroz estadounidense.
Durante un encuentro bilateral, representantes diplomáticos destacaron la posibilidad de fortalecer los vínculos económicos entre República Dominicana y Estados Unidos, mientras continúa el diálogo sobre las condiciones comerciales del sector arrocero.
Productores temen impacto de una apertura del mercado
El analista político y financiero Juan Ramón Mejía Betances advirtió que una apertura irrestricta del mercado nacional podría afectar la producción arrocera dominicana, debido a la presión que generarían mayores importaciones sobre los precios y los ingresos de los productores locales.
Mejía Betances sostuvo que el arroz tiene una importancia que trasciende lo comercial, debido a su papel en la alimentación de la población y en la seguridad alimentaria del país. También destacó que alrededor de este cultivo existe una amplia cadena económica que incluye agricultores, trabajadores, técnicos, transportistas, factorías, comerciantes y comunidades rurales.
El analista planteó que República Dominicana no debería derogar unilateralmente el Decreto 693-24 sin alcanzar previamente un acuerdo que establezca garantías para los productores nacionales y condiciones comerciales consideradas equilibradas.
¿Qué establece el Decreto 693-24?
El Decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, declara el arroz como un producto sensible para la soberanía y seguridad alimentaria nacional y establece medidas arancelarias para proteger la producción local.
La disposición contempla un arancel de 20 % dentro del contingente y de 99 % fuera de este para los productos de arroz incluidos en la medida.
Para el arroz procedente de Estados Unidos se establece una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con arancel cero. Las cantidades que superen ese volumen están sujetas a un arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de 99 % ad valorem.
Estados Unidos considera que este esquema debe ser modificado para cumplir con los compromisos de acceso al mercado establecidos en el DR-CAFTA.
El conflicto por la desgravación arancelaria
La controversia está vinculada además al calendario de desgravación establecido en el acuerdo comercial. Este proceso contempla una reducción progresiva de los aranceles aplicados a determinados productos importados hasta alcanzar su eliminación al concluir el período previsto.
El Gobierno dominicano ha señalado que el DR-CAFTA contemplaba la libre importación del arroz estadounidense a partir del 1 de enero de 2025. En ese contexto, el presidente Luis Abinader defendió el Decreto 693-24 como un mecanismo para proteger a los productores nacionales ante la entrada en vigor de esa etapa del acuerdo.
La USTR, por su parte, sostiene que las medidas dominicanas deben eliminarse para garantizar el acceso al mercado previsto en el tratado y ha expresado su disposición a continuar las negociaciones sobre un posible acuerdo comercial recíproco.
Hasta ahora, la solicitud estadounidense forma parte de las conversaciones entre ambos países y no supone, según la información divulgada, que el Gobierno dominicano haya anunciado la derogación del decreto.
Confenagro alerta sobre posibles efectos
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) también defendió la permanencia de medidas de protección para el arroz dominicano.
La organización afirmó que el cultivo representa aproximadamente el 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y que alrededor de esta actividad se mantiene una cadena de la que dependen unos 30,000 productores y cientos de miles de empleos directos e indirectos, según las cifras citadas por el gremio.
Confenagro advirtió que una apertura amplia de las importaciones podría colocar a los productores locales en una situación de mayor competencia, debido a las diferencias existentes en escala productiva, tecnología, financiamiento, infraestructura y apoyo estatal entre ambos países.
Sectores políticos también reaccionan
El exsenador por Sánchez Ramírez Félix Vásquez llamó a preservar la producción arrocera y respaldar a los agricultores para que puedan mantener su competitividad.
Vásquez, quien ha estado vinculado durante décadas a la actividad arrocera, afirmó que el arroz representa no solo una actividad económica, sino también una fuente de empleo y sustento para numerosas familias y comunidades rurales.
El partido Frente Amplio también expresó preocupación por una eventual derogación del Decreto 693-24. Su dirigente María Teresa Cabrera sostuvo que una apertura abrupta podría repercutir en los productores, trabajadores, factorías, transportistas, proveedores de insumos, entidades financieras y otros actores relacionados con la cadena del arroz.
La organización señaló, además, que la actividad tiene un peso importante dentro del sector agropecuario y que una reducción considerable de la producción nacional tendría efectos más allá de los agricultores.
ANPA: “No estamos preparados”
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, consideró que la solicitud estadounidense pone de manifiesto las dificultades que enfrenta República Dominicana ante una eventual apertura total del mercado arrocero.
Hernández sostuvo que durante las últimas dos décadas existió tiempo para modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, renovar variedades, fortalecer la investigación, ampliar el financiamiento y mejorar la mecanización del sector.
A su juicio, la falta de avances suficientes en esas áreas es una responsabilidad que corresponde al Estado y a las distintas administraciones que han gobernado durante ese período, por lo que, afirmó, no debería trasladarse exclusivamente a los productores el impacto de la apertura comercial.
La discusión permanece centrada en cómo conciliar los compromisos asumidos por República Dominicana bajo el DR-CAFTA con la protección de una actividad que diversos sectores consideran estratégica para el abastecimiento de alimentos, el empleo rural y la producción agrícola nacional.
