El dinero obtenido fraudulentamente de programas de ayuda creados por el Gobierno de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte del complot que terminó con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, según fiscales federales estadounidenses.
Florida como centro de planificación
La investigación sostiene que el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento de la operación. Parte de los recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL habría terminado financiando armas, equipos tácticos y la contratación de exmilitares colombianos que participaron en el ataque del 7 de julio de 2021.
La información cobró nueva relevancia después de que 18 hombres detenidos en Haití fueran trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos ante un tribunal federal de Miami.
Traslado de acusados
Fox News difundió imágenes de la llegada de los acusados a bordo de un avión militar estadounidense. Los hombres descendieron esposados y bajo custodia de agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El Departamento de Justicia (DOJ) confirmó oficialmente el traslado y señaló que constituye una nueva fase de la investigación estadounidense sobre el magnicidio.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, afirmó: “Cinco años después, todavía estamos llevando acusados ante los tribunales estadounidenses y no hemos terminado”.
Fondos de ayuda desviados
La Fiscalía estadounidense ya había presentado evidencias sobre esta conexión durante el juicio celebrado este año contra cuatro acusados.
Según el DOJ, Walter Veintemilla desempeñó un papel central en el financiamiento y acordó aportar US$175,000 a través de un préstamo financiado con dinero proveniente de programas PPP y EIDL, canalizado mediante la cuenta de otro conspirador.
En julio, otro financista relacionado con el caso fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos mismos programas de ayuda y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que el dinero permitió financiar recursos necesarios para la operación, mientras otras personas vinculadas al complot suministraron armas, municiones, chalecos antibalas, radios, linternas y otros equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del plan
La investigación estadounidense atribuye además un interés económico a varios de los organizadores.
Brett Skiles, agente especial a cargo del FBI en Miami, declaró que algunos de los implicados tenían intereses empresariales en Estados Unidos y buscaban obtener contratos lucrativos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El DOJ ha sostenido que el plan comenzó como un intento para derrocar violentamente a Moïse e instalar un gobierno favorable a los intereses de los conspiradores, con el objetivo de obtener negocios y contratos públicos.
La conspiración pasó por diferentes fases, incluyendo planes para secuestrar al mandatario, antes de desembocar en la decisión de atacarlo en su residencia.
El ataque del 7 de julio
La madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo integrado por exmilitares colombianos y otros participantes penetró en la residencia presidencial. Moïse murió a tiros en su habitación y la primera dama, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los elementos incorporados a la investigación figura el uso de indumentaria e identificaciones falsas de la DEA, lo que permitió a los atacantes simular ser agentes federales estadounidenses para facilitar el ingreso a la residencia.
Procesos judiciales en EE.UU.
Con el avance de la investigación, unas 30 personas han sido acusadas por distintos delitos relacionados con la conspiración, incluyendo conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y fraude electrónico.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo pasado por un jurado federal de Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El director del FBI, Kash Patel, calificó el traslado de los 18 detenidos como “el mayor traspaso desde el extranjero de personas bajo custodia realizado en la historia de la agencia”.
