Santo Domingo. El Ministerio de Justicia continúa los trabajos para la elaboración del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos, mediante un proceso de consulta que incluye la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
En el marco de este proceso, el Ministerio de Justicia desarrolló un diálogo de validación en la sede del Ministerio de Defensa, donde representantes de los organismos vinculados a la seguridad del Estado expusieron sus experiencias, observaciones y recomendaciones sobre la propuesta de reglamento.
El encuentro tuvo como propósito fortalecer el contenido de la normativa y establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones, tomando en cuenta las funciones y responsabilidades que corresponden a cada organismo.
La jornada estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD; y funcionarios de las áreas de Derechos Humanos y Políticas Públicas del Ministerio de Justicia, además de representantes del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la Digesett.
Durante la reunión, los participantes revisaron la propuesta de reglamento y plantearon recomendaciones a partir de las competencias y experiencias de sus respectivas instituciones.
También fueron analizadas las capacidades disponibles para la capacitación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como alternativas para mejorar la coordinación y desarrollar estos procesos de manera continua.
La iniciativa se realiza conforme a la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, que establece una estructura institucional permanente para la articulación de las políticas públicas relacionadas con los derechos humanos.
Con este proceso de consulta, el Ministerio de Justicia procura incorporar las diferentes perspectivas de los organismos estatales involucrados y consolidar mecanismos de trabajo conjunto para fortalecer la promoción y protección de los derechos fundamentales en el país.
