Por: Awilma Nuñez -.Santo Domingo, — Representantes de pequeñas y medianas empresas que suministran alimentos al Programa de Alimentación Escolar (PAE) solicitaron que se investiguen a fondo los cuestionamientos relacionados con recientes adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), pero pidieron que cualquier responsabilidad sea determinada de manera individual.
Riniel Coma, presidente de la Federación Nacional de Suplidores de Alimentos, sostuvo que las posibles actuaciones indebidas de algunos proveedores no deben generar consecuencias para las empresas que cumplen con los requisitos establecidos.
“Que dos o tres hayan hecho cosas indebidas no significa que todos los otros hicimos lo mismo”, expresó.
El planteamiento surge luego de investigaciones periodísticas que han señalado posibles irregularidades en procesos de contratación del programa de alimentación escolar.
Uno de los casos bajo cuestionamiento involucra a tres proveedores vinculados a jóvenes de entre 19 y 24 años, residentes en Azua, cuyas empresas obtuvieron contratos que, en conjunto, superan los RD$110.7 millones para ofrecer almuerzos escolares en San Pedro de Macorís.
Entre las empresas figura Beltré Beltré, SRL, constituida en mayo de 2025 y beneficiada posteriormente con una adjudicación de RD$48.1 millones. De acuerdo con la investigación citada, sus socias son dos jóvenes de 23 y 24 años que aparecían como estudiantes y no contaban con un historial crediticio que acreditara experiencia financiera previa.
También fueron adjudicados contratos a Franniel Ramírez Beltré, por RD$24.5 millones, y Carolin Michel Díaz Beltré, por RD$38.1 millones. Según el acta oficial del INABIE, las tres adjudicaciones totalizan RD$110,785,786.80.
La documentación del proceso indica, además, que dos de los proveedores llegaron a la fase de adjudicación luego de presentar recursos de reconsideración y ser habilitados mediante evaluaciones extraordinarias. En el caso de Beltré Beltré, el proceso continuó mediante la evaluación ordinaria. Sin embargo, el acta general no establece por sí sola las razones específicas que motivaron cada reconsideración.
Otros señalamientos relacionados con la licitación apuntan a proveedores que inicialmente fueron excluidos y posteriormente habilitados y adjudicados, así como a denuncias sobre cocinas que presuntamente no estaban operativas durante determinadas inspecciones. Estos casos forman parte de reclamaciones y procesos que permanecen bajo revisión.
Ante este panorama, los representantes de las mipymes afirmaron que respaldan cualquier investigación destinada a determinar responsabilidades y corregir eventuales irregularidades, pero rechazaron que las medidas adoptadas terminen afectando de manera general a todo el sector.
Los suplidores destacaron que numerosas pequeñas empresas han realizado inversiones, creado empleos y asumido compromisos sanitarios, fiscales y laborales para participar en el PAE.
“Nos debemos por encima de todo a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de la República Dominicana”, manifestó Coma.
Los empresarios también adelantaron que plantearán controles más estrictos y mayores requisitos para los próximos procesos de contratación, al tiempo que insistieron en que las compañías que cumplen con las normas no deben asumir las consecuencias de posibles actuaciones irregulares atribuidas a otros proveedores.
