Nueva York.– La República Dominicana reiteró su llamado a fortalecer la cooperación regional para proteger a las comunidades costeras frente al aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático que amenazan viviendas, empleos, ecosistemas y patrimonio cultural.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig, afirmó que ningún país del Caribe puede enfrentar de manera aislada los efectos de un mar compartido, por lo que consideró necesario impulsar medidas coordinadas de adaptación, reducción de riesgos, planificación ante posibles desplazamientos y acceso a financiamiento.
Durante su participación en la sesión sobre el incremento del nivel del mar de la 4.ª Cumbre sobre Movilidad Climática, celebrada en Nueva York, Puig destacó que República Dominicana cuenta con más de 1,500 kilómetros de costa, donde se concentran comunidades, infraestructuras y actividades económicas esenciales.
El funcionario explicó que el ascenso del nivel del mar puede provocar erosión de las costas, entrada de agua salada, inundaciones y marejadas, además de afectar manglares, arrecifes coralinos y playas que funcionan como barreras naturales y sostienen sectores como la pesca y el turismo.
Puig señaló que más de 9,000 pescadores y sus familias dependen de los arrecifes coralinos, cuya degradación podría aumentar la exposición de las comunidades al oleaje y generar pérdidas de empleos, ingresos y seguridad alimentaria.
Asimismo, indicó que entre 2017 y 2022 más de 79,000 personas fueron desplazadas en República Dominicana por desastres, principalmente asociados a fenómenos repentinos. Sin embargo, advirtió que procesos de evolución lenta, como la elevación del nivel del mar, podrían transformar progresivamente las condiciones de habitabilidad y las oportunidades económicas en las zonas costeras.
A escala regional, el Modelo de Movilidad Climática para el Gran Caribe estima que para 2050 unas 8.2 millones de personas podrían desplazarse de manera permanente debido a los impactos económicos del cambio climático. De ese total, cerca de seis millones permanecerían dentro de sus propios países.
Ante este escenario, el representante dominicano reclamó a la comunidad internacional mayores recursos para la adaptación, mecanismos de cooperación regional que respeten la soberanía y dignidad de las personas, y una transición hacia una economía verde capaz de generar empleos para las nuevas generaciones.
Puig sostuvo que República Dominicana no debe ser identificada únicamente por su vulnerabilidad climática, sino también por su capacidad para desarrollar soluciones y políticas de adaptación.
El CNCCMC trabaja junto al Centro Global para la Movilidad Climática en la elaboración de políticas públicas y mecanismos de cooperación destinados a preservar a las poblaciones vulnerables y su patrimonio frente a los impactos del cambio climático.
En ese contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Aumento del Nivel del Mar plantea mejorar la información sobre los riesgos, reforzar las medidas de adaptación y el financiamiento, además de preservar el patrimonio histórico y cultural de las comunidades expuestas.
Entre los bienes que podrían requerir protección se encuentran tierras tradicionales, cementerios, lugares sagrados, sitios arqueológicos y paisajes costeros de valor cultural, con el propósito de evitar que el avance del mar provoque no solo pérdidas materiales, sino también el deterioro de la memoria y la identidad de las comunidades.
