Apoyado en muletas y en medio de reclamos de justicia, Luis Antonio Méndez salió este martes del tribunal luego de que un juez le impusiera tres meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con la muerte a tiros del agricultor y productor de plátanos Javier Ledesma Pérez, alias “Cigüillo”.
El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto de 2026, en una finca agrícola del paraje Manuel Goya, en la carretera Pedernales-Oviedo. Ledesma Pérez, oriundo de Paraíso, Barahona, residía desde hacía varios años en Oviedo, donde se dedicaba a la producción de plátanos.
Ataque y persecución posterior
Según el expediente, el productor agrícola se desplazaba en una motocicleta cuando fue atacado por la espalda con múltiples disparos, lo que le provocó la muerte. Las autoridades atribuyen a Méndez participación en el hecho, en el que habrían intervenido dos personas armadas.
Momentos después del ataque, Méndez resultó herido durante una persecución. Una camioneta conducida por un pariente de la víctima lo atropelló, provocándole lesiones que lo obligan a utilizar muletas. Estas circunstancias forman parte de los hechos que deberán ser esclarecidos en el proceso judicial.
Audiencia y representación legal
La medida de coerción deberá cumplirse en la cárcel pública de Pedernales mientras avanzan las investigaciones. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Eleuterio Cuevas Herasme y Carmen Elena Fernández, acompañados de aspirantes a fiscalizadores.
La familia de la víctima estuvo representada por el abogado Gilbert Ronaldo Matos Cuevas, mientras que la defensa de Méndez fue asumida por los abogados Javier Pérez Segura y Gregorio Montilla.
Entre los familiares que figuran como parte del proceso se encuentran Juan Zacarías Ledesma, Carmen Carrasco Pérez, José Ledesma Pérez, Petra Yudelka Matos Pérez, Jasmel Ledesma Sánchez, Yenifer Ledesma y Ángel Javier Ledesma Terrero.
Medida cautelar, no culpabilidad
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por el tribunal competente en el curso del proceso.
