El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana si envía a juicio de fondo al exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de 10,000 dólares a una persona vinculada a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de concluir una audiencia preliminar que se extendió por más de cuatro horas este lunes. Durante la jornada, el Ministerio Público y la defensa presentaron sus argumentos sobre la procedencia o no de abrir un juicio de fondo contra el exrepresentante del órgano persecutor.
El magistrado deberá decidir si acoge la petición del Ministerio Público, que solicita el envío del expediente a juicio, o si acepta el planteamiento de la defensa, que procura obtener un auto de No Ha Lugar en favor del imputado.
Al término de la audiencia, el fiscal Eduardo Velázquez aseguró que el Ministerio Público mantiene la convicción de que existen suficientes pruebas para sustentar la acusación presentada contra Valdez Alcántara.
De acuerdo con el representante del órgano acusador, los elementos reunidos durante la investigación permiten sostener la imputación y justifican que el proceso continúe hacia la fase de juicio de fondo.
Por su parte, Valentín Medrano, uno de los abogados de la defensa, expresó confianza en que el tribunal emitirá una decisión favorable a su cliente y rechazará la solicitud de apertura a juicio.
Además de determinar si el expediente continúa o no hacia la siguiente etapa procesal, el juez también deberá pronunciarse sobre la medida de coerción que pesa actualmente sobre el exfiscal.
Valdez Alcántara permanece en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, medida que previamente fue ratificada por distintos tribunales durante el proceso.
La decisión del miércoles establecerá si esa medida cautelar se mantiene o si es sustituida por otra menos gravosa mientras avanza el caso.
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público contra el exfiscal, quien formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y participaba en importantes procesos vinculados a presuntos actos de corrupción.
Entre los casos en los que intervenía figura una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), circunstancia que forma parte del contexto en el que surgieron las acusaciones.
Según la versión presentada por el Ministerio Público, los hechos comenzaron en diciembre de 2025, luego de que Valdez Alcántara interrogara a Roberto Canaán como parte de una investigación en curso.
La acusación sostiene que posteriormente el entonces fiscal obtuvo el número telefónico del investigado y comenzó a comunicarse con él a través de la plataforma WhatsApp.
De acuerdo con el expediente acusatorio, durante esas conversaciones presuntamente habría solicitado dinero y otros bienes a cambio de ofrecer supuesta ayuda dentro del proceso investigativo.
Las autoridades afirman que inicialmente se habría solicitado la suma de 200,000 dólares y que posteriormente la cantidad fue reducida a 150,000 dólares.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que el imputado mostró interés en recibir bienes de alto valor, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Como parte de la investigación, las autoridades coordinaron una entrega controlada de dinero que tuvo lugar el 27 de marzo de 2026.
Según la acusación, Valdez Alcántara recibió 10,000 dólares durante esa operación y fue arrestado inmediatamente después en condición de flagrancia.
El Ministerio Público formalizó la acusación el 10 de agosto de 2026, solicitando el envío del expediente a juicio de fondo, la admisión de todas las pruebas depositadas y el mantenimiento de las medidas cautelares impuestas al imputado.
Inicialmente, el caso era conocido bajo la jurisdicción privilegiada que correspondía a Valdez Alcántara por su condición de fiscal.
Sin embargo, la situación cambió luego de que presentara su renuncia al Ministerio Público el 10 de septiembre de 2026. Como consecuencia de esa decisión perdió el fuero especial que poseía y el expediente fue remitido a la jurisdicción ordinaria para continuar su trámite.
Con el fallo programado para este miércoles, el tribunal definirá si las pruebas presentadas son suficientes para que el exfiscal enfrente un juicio de fondo por las acusaciones de presunta corrupción, un caso que ha generado atención debido a la posición que ocupaba dentro de los organismos responsables de perseguir delitos contra la administración pública.
Fuente: Ministerio Publico
