El Grupo de Puebla, nacido el 12-14 de julio de 2019 en la ciudad mexicana del mismo nombre, se presenta en su propia página de fundadores como un foro de “líderes progresistas” de Iberoamérica. La nómina oficial —Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero, Alberto Fernández, Marco Enríquez-Ominami, entre otros— revela menos un club socialdemócrata clásico que la reagrupación, tras el reflujo de la “marea rosa”, de la misma constelación que animó el Foro de São Paulo: exguerrilleros reconvertidos, líderes de partidos que gobernaron con transferencias masivas y figuras que han defendido, con matices variables, a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a lo que llaman “injerencia”.
La nómina y sus biografías
La lista publicada en grupodepuebla.org incluye a José “Pepe” Mujica, descrito allí como integrante eterno del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, la guerrilla urbana uruguaya de los años sesenta y setenta que practicó secuestros, asaltos y acciones armadas antes de la dictadura.
Dilma Rousseff figura con su trayectoria en la resistencia armada contra la dictadura brasileña de los sesenta. Marco Enríquez-Ominami, uno de los impulsores del grupo junto a Ernesto Samper y Aloizio Mercadante, es hijo de Miguel Enríquez, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno. Karol Cariola aparece ligada al Partido Comunista de Chile.
Rafael Correa, condenado en Ecuador por cohecho y prófugo, y Evo Morales, cuyo gobierno terminó tras denuncias de fraude electoral en 2019, completan el núcleo de exmandatarios. Manuel Zelaya, derrocado en 2009 tras acercarse al ALBA, también está. No son marginales: son fundadores o miembros destacados.
El grupo se define como espacio de coordinación progresista. En la práctica ha funcionado como retaguardia política cuando esos liderazgos enfrentan procesos judiciales o pierden elecciones. En 2019 organizó gestos de solidaridad con Morales tras su salida de Bolivia. Ha celebrado las victorias de Alberto Fernández, Luis Arce y Lula.
El respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua
Las declaraciones oficiales del propio Grupo de Puebla son explícitas. En febrero de 2021, con firma de Lula, Dilma, Correa, Lugo, Samper, Zapatero y otros, pidió suspender los “bloqueos inhumanos” contra Cuba y Venezuela, calificando las sanciones de ilegales e injerencistas.
En julio de 2021, durante las protestas del 11-J en Cuba —reprimidas con detenciones masivas documentadas por organizaciones de derechos humanos—, el grupo expresó “su apoyo al Gobierno del Presidente Díaz-Canel”, atribuyó el descontento principalmente al embargo estadounidense y al COVID, y afirmó que Cuba mantiene los mejores índices de igualdad de la región. Invitó a Biden a retomar la normalización y a abandonar Guantánamo.
Sobre Venezuela, el grupo celebró en agosto de 2021 el inicio del diálogo entre Maduro y la Plataforma Unitaria, reiteró su oposición a medidas unilaterales y “bloqueos”, y rechazó intentos “injerencistas” de tipo militar.
En 2020 condenó acciones paramilitares contra el gobierno de Maduro y envió “solidaridad sin restricciones” al pueblo venezolano, en un lenguaje que equiparaba esas acciones a Bahía de Cochinos.
Reuniones posteriores, incluida la de 2023 en Puebla, contaron con la presencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, y del canciller cubano Bruno Rodríguez. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, ha sido vinculado al círculo.
El grupo ha sido más crítico con Daniel Ortega —condenó en 2023 destierros y despojo de nacionalidad, y en 2026 algunos miembros rechazaron el anuncio de fin de elecciones—, pero ha combinado esa condena con el rechazo a sanciones o intervenciones, manteniendo la prioridad de la “soberanía” sobre la rendición de cuentas interna.
Críticos en El Mundo, El Heraldo de México y opositores cubanos, venezolanos y nicaragüenses han señalado que esta línea reproduce el libreto del Foro de São Paulo: se denuncian golpes y lawfare cuando afectan a aliados, y se relativizan represión, presos políticos y colapso institucional cuando provienen de gobiernos amigos.
Las cifras de exilio venezolano (millones), pobreza extrema en Venezuela y presos políticos en Cuba no aparecen como ejes de las declaraciones del grupo.
Lula: el modelo Bolsa Família
Lula es el miembro de mayor peso actual. El Partido de los Trabajadores construyó Bolsa Família (2003) como transferencia condicionada.
Los datos son claros: entre 2003 y 2012 la pobreza extrema cayó de forma pronunciada (estimaciones de organismos internacionales y del propio gobierno sitúan reducciones del orden del 50-70 % en extrema pobreza en ese ciclo), impulsada por el boom de commodities, el empleo formal y las transferencias. El programa fue focalizado y de bajo costo relativo al PIB en su primera etapa.
La crítica recurrente —documentada en análisis de prensa brasileña y en debates académicos— es que la expansión posterior lo convirtió en instrumento de permanencia electoral. El número de beneficiarios creció, el valor del beneficio se elevó en vísperas electorales y los opositores lo bautizaron “Bolsa Esmola”.
Estudios del Ipea confirman que las transferencias reducen pobreza extrema de manera medible; al mismo tiempo, análisis críticos señalan riesgos de desincentivo laboral cuando el beneficio se acerca o supera salarios de entrada en el sector informal, y un uso político evidente en el calendario de reajustes.
El PT y Lula han defendido el programa como inclusión; sus adversarios lo describen como captura de clientela. Ambos elementos coexisten en el registro empírico: reducción estadística de pobreza y dependencia electoral reforzada.
El Grupo de Puebla ha presentado este modelo como referencia progresista sin debatir en sus comunicados los límites de sostenibilidad fiscal ni los escándalos de corrupción (Lava Jato) que afectaron al PT.
Leonel Fernández: el caso dominicano
Leonel Fernández, presidente en 1996-2000 y 2004-2012 y fundador del grupo, gobernó bajo el PLD con una mezcla de apertura económica y programas sociales.
El programa Solidaridad, diseñado con apoyo del PNUD y la CEPAL, seleccionó cientos de miles de familias para transferencias de alimentos. Fernández ha defendido que la selección no fue partidista.
Sin embargo, la literatura periodística dominicana de la época (Diario Libre y otros) documentó pagos a comités de base del PLD, programas como “Vamo’arriba” y subsidios múltiples que críticos calificaron de clientelismo.
El propio Fernández ha acusado al gobierno posterior del PRM de duplicar beneficiarios y montos de la tarjeta social usando el padrón electoral para crear “masa cautiva”. La acusación es simétrica: el mecanismo —transferencia directa vinculada a lealtad percibida— es el que él mismo señala en el adversario y que analistas locales atribuyen también a etapas de su gestión.
En el Grupo de Puebla, Fernández ha coordinado mesas sobre integración y ha compartido escenario con Dilma y Zapatero. Su perfil es menos radical que el de Correa o Morales, pero su presencia legitima el foro ante sectores que buscan una cara institucional.
El libreto común
El patrón que el grupo no disecciona es repetido: expansión de transferencias condicionadas o subsidios en el ciclo de altos precios de materias primas, reducción estadística de pobreza extrema, y consolidación de una base electoral que depende del mantenimiento del beneficio.
Cuando el ciclo se agota o la corrupción erosiona la legitimidad, el discurso se desplaza a la denuncia de “lawfare”, “golpes blandos” y “bloqueos”.
Venezuela llevó el modelo al extremo —control de precios, expropiaciones, transferencias petroleras y luego colapso— y recibió solidaridad del grupo contra sanciones más que escrutinio por la destrucción institucional. Cuba es defendida por sus indicadores de igualdad mientras se minimizan las protestas y la represión. Nicaragua recibe condenas tardías y parciales.
El Grupo de Puebla no es una organización clandestina ni un estado mayor guerrillero. Es un foro público de exmandatarios y dirigentes cuya página de fundadores exhibe, sin ambages, a un ex Tupamaro, a líderes condenados o prófugos por corrupción, a defensores explícitos de los gobiernos de La Habana y Caracas, y a artífices de programas sociales que redujeron pobreza medida al tiempo que profundizaron la dependencia del voto respecto del subsidio.
Por: Salvador Levy- Analista politico
