La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), pocas horas después de conocerse la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza vinculada a la justicia internacional.
El Departamento de Estado informó que las medidas buscan proteger la soberanía estadounidense y contrarrestar lo que considera una amenaza por parte del tribunal. La decisión fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el rechazo de Washington a que la CPI ejerza jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
«Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», expresó Rubio, al señalar que tanto gobiernos republicanos como demócratas han cuestionado la facultad del organismo para procesar a militares en servicio activo y dirigentes políticos estadounidenses.
El funcionario también advirtió que las nuevas restricciones buscan limitar las transacciones con la institución y reducir su capacidad de actuación contra Estados Unidos. No obstante, indicó que el Departamento del Tesoro emitirá autorizaciones para determinadas operaciones, con el propósito de proteger los intereses del país.
Trump cuestiona el Nobel de la Paz
Antes del anuncio de las sanciones, Trump compartió en su red social Truth Social una publicación que criticaba la decisión de conceder el Nobel de la Paz a Navi Pillay y defendía los méritos del mandatario estadounidense para recibir esa distinción.
El mensaje republicado cuestionaba las posiciones de la jurista sobre Estados Unidos e Israel y sus actuaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. Estas declaraciones forman parte de las críticas difundidas por el usuario y no deben interpretarse como hechos demostrados.
Trump ha manifestado en distintas ocasiones que considera merecedor del Nobel de la Paz, al atribuirse esfuerzos para resolver conflictos internacionales y promover acuerdos entre países.
Estados Unidos mantiene abierta la vía diplomática
Pese a la imposición de las sanciones, Rubio afirmó que Washington mantiene la posibilidad de alcanzar una solución diplomática. Sin embargo, reiteró que el Gobierno estadounidense continuará presionando a la CPI para impedir que el tribunal procese a ciudadanos de su país.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, fue creada en 2002 para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, conforme a las condiciones de su jurisdicción.
El organismo cuenta con 125 Estados miembros, mientras que Estados Unidos no forma parte de él y mantiene objeciones a su autoridad sobre ciudadanos estadounidenses.
Las nuevas sanciones profundizan las diferencias entre Washington y la justicia penal internacional, en medio de las disputas sobre el alcance de la jurisdicción del tribunal y las críticas a las decisiones relacionadas con el reconocimiento internacional de figuras vinculadas a los derechos humanos.
Fuente – EFE
