Texas, Estados Unidos. — La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó este miércoles al Tribunal Supremo que autorice la reanudación de las obras del muro fronterizo y otras infraestructuras de vigilancia en una zona remota de Texas, próxima al parque nacional Big Bend, en la frontera con México.
El Departamento de Justicia pidió a los magistrados que revoquen la orden judicial de un tribunal inferior que mantiene suspendida la construcción de las barreras en un tramo fronterizo de aproximadamente 800 kilómetros.
En su solicitud, los representantes legales del Gobierno argumentaron que la decisión judicial dificulta los esfuerzos para reforzar la seguridad fronteriza y frenar el ingreso irregular de migrantes y el tráfico de drogas.
La iniciativa, cuyo costo asciende a unos 1.700 millones de dólares, incluye la construcción de una carretera, barreras físicas para vehículos, cámaras de vigilancia y sensores de detección.
Sin embargo, el plan ha provocado reacciones encontradas debido a su posible impacto sobre el medioambiente. El parque nacional Big Bend comprende más de 324.000 hectáreas de terrenos protegidos, donde habitan especies amenazadas y se conservan importantes yacimientos arqueológicos y paisajes naturales.
Organizaciones dedicadas a la protección ambiental presentaron una demanda en abril, al considerar que el Gobierno había vulnerado disposiciones constitucionales al eximir el proyecto del cumplimiento de numerosas leyes para acelerar las obras.
A comienzos de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la Administración podía prescindir de varias normativas, principalmente ambientales, al alegar una necesidad urgente de agilizar la construcción y combatir la inmigración irregular y el narcotráfico.
El fortalecimiento de la frontera sur constituye uno de los ejes de la política migratoria de Trump. Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario ordenó intensificar los controles fronterizos mediante la instalación de barreras físicas y otras medidas de vigilancia.
La decisión del Tribunal Supremo será determinante para establecer si el Gobierno puede retomar los trabajos mientras continúa la controversia judicial y ambiental en torno al proyecto.
Fuente – EFE
