Ciudad de México. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Guadalupe Taddei, anunció que presentará su renuncia este lunes 26 de octubre, tras la difusión de informaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y presunta triangulación de recursos públicos.
La funcionaria explicó que tomó la decisión con el propósito de proteger la institución y garantizar la continuidad de sus funciones constitucionales. Su dimisión se produce luego de que el diario Reforma publicara reportes sobre una supuesta red de al menos siete proveedores que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones financieras relacionadas con servicios y productos presuntamente inexistentes.
Inician investigaciones por posibles irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación para esclarecer el posible uso indebido de fondos públicos. El organismo señaló que existen indicios de anomalías en contratos, posibles acuerdos entre proveedores y conflictos de interés.
Ante esta situación, Taddei informó que varios funcionarios de áreas estratégicas del INE fueron separados de sus puestos para facilitar las indagaciones. Asimismo, manifestó su respaldo a las auditorías y aseguró que la documentación requerida está disponible para las autoridades correspondientes.
La consejera presidenta también sostuvo que las denuncias deben investigarse con transparencia, imparcialidad y apego a la ley, al tiempo que afirmó que ningún servidor público ni proveedor debe estar por encima de las normas.
Renuncia en medio del proceso electoral
La crisis ocurre mientras México avanza en el proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el pasado 10 de septiembre, en el que se renovarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones, además de otros cargos públicos.
La salida de Taddei se produce en un momento relevante para la organización de los próximos comicios. Entretanto, las autoridades competentes deberán determinar si existieron responsabilidades administrativas o delitos relacionados con las contrataciones cuestionadas.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de investigaciones en curso, por lo que las presuntas irregularidades deberán ser comprobadas conforme a derecho.
Fuente EFE
