La millonaria remodelación del principal complejo deportivo del país queda bajo cuestionamiento ante la acumulación de agua, que amenaza el uso de sus instalaciones y pone en duda la planificación de las obras.
SANTO DOMINGO, Una inversión millonaria destinada a modernizar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte contrasta con las denuncias sobre acumulación de agua y problemas de drenaje pluvial que afectan sus espacios, una situación que plantea serios cuestionamientos sobre la planificación, la calidad y la durabilidad de los trabajos ejecutados.
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) informó que la rehabilitación del complejo deportivo representó una inversión de RD$7,429,556,407.32, destinada a intervenir 16 instalaciones. Por su parte, las cifras divulgadas sobre las obras y la preparación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sitúan la inversión global en alrededor de RD$9,000 millones.
Se trata de recursos públicos de gran magnitud, cuya justificación no debe medirse únicamente por la apariencia renovada de los pabellones, las áreas deportivas o la modernización de sus equipos, sino también por la capacidad de las instalaciones para funcionar adecuadamente ante las condiciones climáticas del país.
Millones en remodelación, pero ¿qué pasó con el drenaje?
La acumulación de agua en las áreas del Centro Olímpico abre una interrogante fundamental: ¿cómo se planificó una intervención de semejante dimensión sin garantizar, de manera integral, el manejo de las aguas pluviales en todo el complejo?
En un país donde las lluvias intensas representan un desafío recurrente, el drenaje no puede considerarse un detalle secundario ni una obra complementaria que se resuelva después de concluir las remodelaciones. Es un componente esencial para proteger las superficies deportivas, los accesos, los sistemas eléctricos y las demás infraestructuras.
Cuando el agua permanece estancada, puede deteriorar las superficies, afectar los materiales, generar condiciones inseguras y dificultar el tránsito de atletas, entrenadores y visitantes. Si el problema persiste y compromete los espacios de entrenamiento, también puede impedir temporalmente que la población disfrute de instalaciones que fueron renovadas, precisamente, para ampliar las oportunidades de práctica deportiva.
La gravedad del asunto radica en que no se trata solamente de una cuestión estética. La infraestructura pública debe estar preparada para funcionar en condiciones reales, incluidas las lluvias, y no únicamente para exhibir una imagen renovada durante los actos oficiales.
Durante la ejecución de los trabajos, las autoridades defendieron la remodelación como una apuesta por el deporte nacional y por el legado que dejarían los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.
En mayo de 2025, el entonces ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, aseguró que las obras avanzaban conforme al cronograma y que las instalaciones quedarían disponibles para beneficio de los dominicanos. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, también destacó la coordinación entre ambas instituciones para cumplir con los compromisos asumidos.
Sin embargo, el éxito de una obra pública no puede evaluarse exclusivamente por su entrega o por el cumplimiento de una fecha. También debe examinarse su desempeño posterior, la respuesta ante las lluvias y la capacidad de conservarse en condiciones apropiadas para el uso cotidiano.
Por eso, si se confirma que determinadas áreas se inundan o quedan inutilizables después de los aguaceros, corresponde a las instituciones responsables explicar qué medidas de drenaje fueron contempladas, cuáles se ejecutaron y si los sistemas instalados responden a las necesidades del complejo.
El MIVED y las autoridades encargadas de administrar el Centro Olímpico deben ofrecer explicaciones claras sobre el funcionamiento del drenaje pluvial, el mantenimiento de los filtrantes y las condiciones de las áreas afectadas.
También resulta necesario conocer si las inundaciones denunciadas están relacionadas con deficiencias de diseño, problemas de ejecución, obstrucciones, falta de mantenimiento o una combinación de estos factores. Determinar la causa requiere una evaluación técnica, no simples declaraciones.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿de qué sirve invertir miles de millones de pesos en instalaciones deportivas si el agua acumulada puede limitar su utilización o acelerar su deterioro?
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se emplearon los recursos, qué garantías tienen las obras y quién debe asumir la responsabilidad si se comprueba que existen fallas atribuibles a los trabajos realizados.
Por: Awilma Nuñez
