El presidente Luis Abinader designó a Sahiana Licelot Quezada Meló como gobernadora civil de la provincia de Azua mediante el Decreto 775-26, emitido el 29 de octubre de 2026.
Con esta disposición, Quezada Meló asumirá la representación del Poder Ejecutivo en la provincia sureña, en sustitución de María Minerva Navarro.
Formación académica y trayectoria
La nueva gobernadora es oriunda de Azua de Compostela y posee una amplia formación en el área jurídica.
Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el año 2009 y posteriormente cursó una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), completada en 2016.
Según la información oficial, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en áreas vinculadas al derecho civil, litigios, seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y cumplimiento regulatorio.
Experiencia en los sectores público y privado
Su trayectoria profesional incluye funciones relacionadas con asesoría legal, gestión de riesgos institucionales y fortalecimiento de mecanismos de control tanto en entidades públicas como privadas.
Asimismo, ha desarrollado capacitación especializada en prevención de lavado de activos, gestión de riesgos operacionales, derecho administrativo, regulación bancaria y administración de seguros.
En 2024 obtuvo certificación vinculada a la norma internacional ISO 37301:2021, enfocada en sistemas de gestión del cumplimiento.
Participación política
En el ámbito político, Quezada Meló participó como precandidata a diputada por la provincia de Azua durante el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebrado en 2020.
De acuerdo con su reseña profesional, esa participación estuvo orientada a fortalecer la representación femenina y promover el cumplimiento de la cuota de participación de las mujeres en los procesos electorales.
Nueva responsabilidad
Con su designación, la abogada azuana pasa a desempeñar una de las principales funciones de representación gubernamental en la provincia, con responsabilidad de coordinar las políticas y acciones del Poder Ejecutivo en el territorio.
La designación forma parte de los cambios administrativos dispuestos por el Gobierno mediante decreto presidencial.
