El Ministerio de Justicia presentó la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, una instancia creada para fortalecer la representación jurídica del Estado mediante una defensa técnica, especializada y coordinada entre las instituciones públicas.
La presentación se realizó el pasado martes en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, en Santo Domingo, durante un acto con motivo del segundo aniversario de la reforma constitucional proclamada en 2024.
La actividad contó con la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; y el abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas. También asistieron jueces de la Suprema Corte de Justicia y representantes de distintas instituciones estatales, principalmente directores y encargados de sus departamentos jurídicos.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Freund, quien destacó el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público y la institucionalización de la defensa jurídica del Estado mediante la creación del Ministerio de Justicia.
Estructura y funciones de la oficina
La Oficina del Abogado General de la Administración Pública estará dirigida por un abogado general designado por el presidente de la República. Su estructura podrá incluir hasta cinco abogados adjuntos y un cuerpo de profesionales del derecho vinculado a una carrera administrativa especial.
De acuerdo con el ministro de Administración Pública, esta iniciativa responde a la necesidad de modernizar el sistema de justicia y delimitar las funciones de las instituciones, diferenciando la persecución penal, responsabilidad del Ministerio Público, de la formulación de políticas públicas en materia de justicia.
Freund también resaltó la importancia de disponer de una estructura especializada para defender los intereses jurídicos del Estado y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas.
Por su parte, Antoliano Peralta señaló que la presentación de la oficina forma parte del proceso de modernización del Estado dominicano y de los esfuerzos para establecer una defensa jurídica más eficiente y articulada.
El funcionario sostuvo que la protección de los intereses estatales requiere representación ante los tribunales y tribunales arbitrales, así como acciones preventivas para identificar riesgos jurídicos y coordinar estrategias entre las entidades públicas.
Agregó que una defensa jurídica efectiva contribuye a proteger los recursos públicos y evitar actuaciones contradictorias entre las instituciones. También reconoció los desafíos que implica poner en funcionamiento esta nueva estructura.
Representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa
El abogado general de la Administración Pública, Jorge Herasme Rivas, explicó que la oficina tiene como objetivo garantizar una representación permanente, coordinada y especializada del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Herasme Rivas indicó que para cumplir esa función será necesaria una estrecha colaboración con las direcciones jurídicas de las instituciones públicas, a fin de mantener una defensa coherente y sustentada en el conocimiento de los expedientes y de las actuaciones administrativas que dan origen a los procesos judiciales.
Como parte de la jornada, se realizaron dos paneles de discusión en los que se abordaron los principales desafíos institucionales relacionados con la representación y la defensa jurídica del Estado.
