Santo Domingo.– El Gobierno dominicano aprobó, mediante el Decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una disposición que busca garantizar el uso responsable, seguro y transparente de estas tecnologías en las instituciones del Estado.
La medida establece nuevas reglas para la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la Administración pública, con énfasis en la protección de los derechos humanos, la inclusión y la transparencia de las decisiones automatizadas.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la obligación de evaluar los sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar derechos fundamentales, el acceso a beneficios sociales o generar sanciones administrativas. Estas herramientas deberán contar con una revisión previa antes de entrar en funcionamiento.
Asimismo, la normativa reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión o trámite gubernamental ha sido asistido por inteligencia artificial, así como a solicitar explicaciones y recurrir a una revisión por parte de funcionarios humanos.
El código también prohíbe determinadas prácticas, entre ellas la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin autorización judicial, la elaboración de perfiles criminales basados en prejuicios socioeconómicos y territoriales, la automatización de sentencias penales y el desarrollo de armas autónomas.
Otro de los aspectos contemplados es la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante restricciones al uso de sistemas tecnológicos que puedan producir o difundir contenidos abusivos, perjudiciales o discriminatorios.
De igual manera, las entidades estatales deberán garantizar la seguridad, trazabilidad y supervisión de los sistemas adquiridos, además de mantener el control sobre los datos de los ciudadanos, evitando contratar plataformas que no puedan ser examinadas o auditadas.
Como parte de su aplicación, el decreto contempla la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, organismo que coordinará y dará seguimiento a estas disposiciones con la participación de instituciones públicas, representantes de la sociedad civil y sectores académicos.
La iniciativa fue coordinada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el respaldo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto y en consonancia con los lineamientos de la Unesco y la OCDE.
Finalmente, las instituciones públicas dispondrán de 180 días calendario para adaptar sus procedimientos, registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan, designar responsables e implementar los mecanismos necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones.
Con esta normativa, el Estado dominicano establece un marco de supervisión para incorporar la inteligencia artificial a los servicios públicos, procurando que los avances tecnológicos se desarrollen bajo principios de responsabilidad, equidad y respeto a los derechos de la ciudadanía.
Fuente: Gobierno de la República Dominicana, mediante el Decreto núm. 787-26.
