El Senado de la República aprobó este miércoles, en única lectura, el proyecto de ley que pospone por 18 meses la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las empresas, cuya entrada en vigor estaba prevista para este jueves 5 de noviembre.
Con esta modificación, el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas comenzará a aplicarse en mayo de 2028, aunque el resto de las disposiciones del Código Penal permanece vigente desde agosto de este año.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 26 votos a favor y ninguno en contra, luego de que la Cámara de Diputados modificara la propuesta que había recibido previamente del Senado.
Inicialmente, la pieza legislativa aprobada por los senadores establecía que estas disposiciones entrarían en vigor en noviembre de 2028, lo que representaba un aplazamiento de 24 meses. Sin embargo, los diputados redujeron ese período a 18 meses, fijando la nueva fecha para mayo de 2028.
Tras la aprobación de las modificaciones por parte del Senado, el proyecto queda pendiente de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
¿Qué establece el Código Penal sobre las empresas?
El nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, incorpora la responsabilidad penal de las empresas por determinadas infracciones cometidas por sus directivos, representantes o empleados, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación.
El artículo 8 contempla que las personas jurídicas pueden responder penalmente por acciones u omisiones de sus órganos, representantes o subordinados cuando estos actúen en nombre o representación de la empresa.
Para determinar esa responsabilidad también pueden evaluarse las medidas de supervisión y capacitación del personal, los protocolos internos y los mecanismos de control implementados para prevenir o detectar irregularidades.
Multas y otras sanciones para las empresas
Entre las consecuencias previstas por el Código Penal figuran multas que pueden oscilar entre 100 y 1,500 salarios mínimos del sector público para las infracciones consideradas muy graves.
En el caso de las infracciones graves, las sanciones económicas contempladas van de 50 a 500 salarios mínimos del sector público.
La legislación también establece otras medidas, como el cierre temporal o definitivo de establecimientos, la revocación de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado y la disolución de la empresa.
La imposición de estas sanciones dependerá de que la responsabilidad penal sea establecida mediante el correspondiente proceso judicial.
