La crisis financiera generada por la intervención de Ueno Bank ha provocado fuertes tensiones políticas en Paraguay, luego de que el expresidente Horacio Cartes y el titular del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, exigieran la salida del mandatario Santiago Peña, mediante su renuncia o un eventual juicio político.
Cartes, actual presidente del gobernante Partido Colorado, manifestó su respaldo al proceso de enjuiciamiento político contra Peña, al considerar necesario restablecer la institucionalidad de la República. Asimismo, aseguró que su organización no respaldará acciones que comprometan los fondos públicos, privados ni los ahorros de los jubilados.
Por su parte, Basilio Núñez reclamó la dimisión del jefe de Estado y advirtió que, si no se concreta, acompañará el juicio político promovido por sectores de la oposición y legisladores disidentes del oficialismo.
El titular del Congreso sostuvo que el Poder Legislativo debe intervenir para proteger los recursos de los ahorristas y jubilados, además de garantizar la estabilidad institucional del país.
La controversia se intensificó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank, entidad financiera que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
La medida fue adoptada luego de detectarse que el índice de solvencia de la entidad había descendido por debajo del 50 % del mínimo requerido. La situación derivó en el cierre de sucursales y la suspensión de operaciones, provocando preocupación entre miles de usuarios que intentaban acceder a sus recursos.
A esta situación se suma la existencia de importantes depósitos de instituciones públicas en la entidad bancaria, lo que incrementó las preocupaciones sobre el alcance de la crisis y sus posibles repercusiones económicas.
En medio de este panorama, diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaron una acusación para promover el juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Las propuestas serían examinadas en sesiones extraordinarias del Congreso.
Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, el procedimiento requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, donde también se necesita una mayoría calificada para declarar culpable al mandatario y determinar su eventual separación del cargo.
El pronunciamiento de Cartes y Núñez representa un nuevo elemento de presión sobre el Gobierno paraguayo, mientras las repercusiones de la crisis de Ueno Bank mantienen la atención sobre el futuro político y financiero del país.
