La Justicia paraguaya dispuso prisión preventiva para seis directivos de Ueno Bank, en el marco de una investigación por un presunto esquema de operaciones financieras irregulares que habría comprometido los recursos de la entidad bancaria durante 2025 y 2026.
La resolución fue emitida por el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia, quien ordenó el ingreso a un establecimiento penitenciario de Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Pedro Daniel Rey, Alejandro Gómez, Diego Duarte y Miguel Ángel Almada.
Por otra parte, dos mujeres procesadas fueron beneficiadas con arresto domiciliario, debido a que tienen hijos pequeños. Ambas deberán utilizar tobilleras electrónicas para garantizar el cumplimiento de la medida.
El magistrado también dispuso que los seis hombres permanezcan separados en el centro penitenciario y prohibió cualquier tipo de comunicación entre los investigados.
Investigan préstamos y movimientos millonarios
La causa involucra a 27 personas, entre autoridades bancarias, empresarios y representantes de diferentes sociedades comerciales.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, desde la estructura administrativa de Ueno Bank se habrían aprobado préstamos y sobregiros a compañías vinculadas al mismo grupo empresarial, pese a que algunas no contarían con suficiente respaldo financiero para responder por esas obligaciones.
Entre las firmas mencionadas en la investigación figuran MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., empresas que inicialmente estaban identificadas como vinculadas a la entidad bancaria.
La Fiscalía sostiene que, aunque en octubre de 2025 se solicitó a la Superintendencia de Bancos excluir a estas compañías de dicha clasificación, no se habrían presentado los documentos necesarios para justificar esa modificación. Aun así, el banco presuntamente continuó concediéndoles financiamientos y habilitando sobregiros sin contar con la autorización correspondiente.
Fondos habrían sido transferidos a otras compañías
Otro de los puntos centrales de la investigación es el destino de los recursos entregados mediante esos créditos.
Según la acusación fiscal, parte del dinero habría sido transferido poco después de su desembolso a otras sociedades relacionadas con el mismo grupo económico, entre ellas ITTI S.A.E.C.A., REDISA y REDIPRO.
Los fondos presuntamente se utilizaron para saldar sobregiros, cubrir deudas, pagar facturas y responder a compromisos financieros de otras empresas vinculadas.
En el caso de Grupo M S.A., los investigadores identificaron movimientos de dinero hacia ITTI, Red Digital S.A. y KAITEL S.A.
Cuestionan la capacidad financiera de las empresas
La Fiscalía también puso bajo observación la situación económica de las compañías beneficiadas con los préstamos, al considerar que los montos concedidos no guardarían proporción con su capacidad de pago.
Como ejemplo, Grupo M S.A. registraba obligaciones por G. 126.776 millones, frente a un patrimonio neto de apenas G. 5.327 millones, cifras que reflejarían un elevado nivel de endeudamiento.
Además, los investigadores cuestionan la supuesta ausencia de garantías reales suficientes, los extensos plazos de financiación y las presuntas fallas en los estudios de riesgo crediticio.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que los préstamos no habrían sido destinados necesariamente a impulsar las actividades comerciales de las empresas receptoras, sino que podrían haber servido para cubrir compromisos económicos de otras sociedades del mismo entorno empresarial.
Con las primeras medidas de prisión preventiva y arresto domiciliario, el proceso judicial entra en una nueva etapa, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de los 27 imputados.
Por: Awilma Nuñez
