En algún momento tendremos que enfrentar una realidad que llevamos años postergando: el Estado dominicano no puede continuar subsidiando indefinidamente los combustibles a los niveles actuales. Pero reconocer esa realidad no significa que debamos aceptar cualquier fórmula para resolverla.
Detrás de cada aumento de combustible hay una familia que debe ajustar su presupuesto, un trabajador que depende del transporte público, un agricultor que necesita producir y un pequeño empresario que lucha cada mes por mantener su negocio abierto y pagar su nómina.
Por eso, la discusión no debe limitarse a cuánto dinero necesita ahorrar el Gobierno, sino a cómo distribuir justamente los sacrificios.
No tiene sentido subsidiar por igual el combustible de un vehículo de lujo y el que se utiliza para transportar alimentos, producir bienes o movilizar trabajadores. Son realidades distintas que merecen tratamientos diferentes.
Pero antes de pedir sacrificios, el Estado tiene que dar el ejemplo.
Mientras se plantea que los subsidios representan una carga fiscal cada vez más difícil de sostener, conocemos una licitación pública por RD$630 millones para adquirir ingredientes destinados a un millón de kits de habichuelas con dulce para la Semana Santa de 2027.
No cuestiono nuestras tradiciones ni la asistencia a las familias necesitadas. Cuestiono las prioridades. ¿Es esta la manera más eficiente de utilizar esos recursos cuando tenemos tantas necesidades en salud, educación e infraestructura?
La eficiencia del gasto público tampoco consiste únicamente en reducir partidas presupuestarias. También implica corregir mecanismos que generan atrasos, inmovilizan recursos y obligan al propio Estado a financiar problemas que podría evitar.
Tomemos el BonoLuz. El Gobierno destina recursos para ayudar a familias vulnerables a pagar su electricidad, pero la aplicación del beneficio depende de que el ciudadano realice una transacción con su tarjeta. ¿Por qué no acreditar automáticamente ese subsidio a su factura y transferir los recursos directamente a las distribuidoras?
La familia mantendría su ayuda, se eliminarían trámites innecesarios y las EDE recibirían oportunamente los pagos correspondientes.
Algo similar ocurre con las obligaciones eléctricas de instituciones públicas. ¿Por qué las facturas de los centros educativos deben depender de gestiones individuales cuando el Ministerio de Educación podría establecer un mecanismo centralizado de pago mensual? Lo mismo debería evaluarse para los polideportivos, estadios y canchas públicas bajo responsabilidad del Ministerio de Deportes.
Todo esto, naturalmente, con medidores individuales, controles de consumo y conciliaciones transparentes.
No tiene sentido que el Estado financie un servicio, se atrase en pagarlo y después tenga que subsidiar a la empresa pública que no logró cobrarlo.
Volviendo a los combustibles, debemos entender que no todos pueden soportar el mismo sacrificio. Cuando aumenta el gasoil, no solamente aumenta el costo de llenar un tanque. Se encarece el transporte, la producción agrícola, la industria y la distribución de mercancías. Y esos aumentos terminan llegando al bolsillo de todos.
Por eso, propongo un desmonte gradual, durante aproximadamente dos años, acompañado de compensaciones directas a las familias vulnerables y mecanismos temporales de protección para el transporte público, la agricultura, la industria y las MIPYMES.
Las compensaciones deben estar funcionando antes de aplicar los aumentos, no después de que sus consecuencias hayan afectado a la población.
También debemos aprovechar esta transición para invertir parte de los ahorros en modernizar flotillas, mejorar la eficiencia energética, incorporar tecnologías y reducir los costos de producción. El objetivo no debe ser solamente gastar menos en subsidios, sino construir una economía que dependa cada vez menos de ellos.
Y para lograrlo necesitamos transparencia. Que el Gobierno explique cuánto pretende ahorrar, cómo utilizará esos recursos y qué medidas adoptará para proteger a quienes más lo necesitan.
La República Dominicana necesita decisiones responsables, pero no podemos acostumbrarnos a que cada vez que las cuentas del Estado se complican, la primera solución sea trasladar la factura a los ciudadanos y a quienes producen.
La responsabilidad debe ser compartida. El Gobierno tiene que revisar sus prioridades y eliminar ineficiencias. Quienes tienen mayor capacidad económica pueden asumir una proporción mayor del ajuste. Los sectores vulnerables necesitan protección y quienes generan empleos requieren condiciones para continuar produciendo.
No se trata de defender subsidios insostenibles, sino de evitar que una solución fiscal termine convirtiéndose en un problema social y económico mayor.
Porque el verdadero éxito no será anunciar cuántos miles de millones dejamos de gastar, sino demostrar que logramos hacerlo sin empobrecer a nuestra gente ni debilitar nuestra capacidad productiva.
Si el sacrificio es necesario, que sea justo, proporcional y compartido. Pero que comience por quien administra los recursos de todos: el propio Estado
Por: Luis Miura hijo
