La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado mediante un juicio político, quedó oficialmente detenido en su residencia, por disposición de la Fiscalía, en medio de la crisis política provocada por el cierre de Ueno Bank.
«Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio», declaró a periodistas un oficial de la Policía apostado frente a la vivienda del exmandatario.
La orden de arresto establece que Peña deberá permanecer bajo detención domiciliaria hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, específicamente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en Asunción.
La fiscal Silvia González confirmó que las autoridades verificaron que el exgobernante se encontraba en su residencia y procedieron a notificarle la disposición.
«Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición», indicó.
El documento también ordena la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando presentó su renuncia en medio del escándalo relacionado con el presunto vaciamiento de Ueno Bank.
Imágenes difundidas por la televisión local mostraron a alrededor de 20 agentes policiales custodiando la residencia de Peña, mientras un grupo de manifestantes reclamaba que fuera trasladado a una prisión.
«El pueblo exige que vaya a la cárcel, nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya (huya), no se quede en su casa, que duerma tras las rejas», expresó una mujer identificada como Andrea Salazar.
Crisis por Ueno Bank
La situación política de Paraguay se agravó luego de que el Banco Central ordenara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, entidad que contaba con 2,94 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.
Durante el mandato de Peña, el banco recibió millonarios recursos de entidades públicas, situación que generó cuestionamientos en medio de la crisis financiera.
El cierre de la institución también provocó preocupación entre miles de ahorradores que denunciaron dificultades para acceder a sus recursos. Entre los afectados figuran unos 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
