La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera lectura, un proyecto de ley que faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a prohibir la entrada a República Dominicana de mercancías, productos o bienes fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La iniciativa establece un procedimiento para investigar el origen de las mercancías y determinar si en alguna etapa de su cadena de suministro se utilizaron prácticas de trabajo forzoso.
La propuesta legislativa se presenta en medio de las presiones comerciales de Estados Unidos, que impuso un arancel de 12.5 % a los productos dominicanos, frente al 10 % aplicado a otros países, bajo el argumento de que República Dominicana no prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante ese tipo de prácticas.
Medidas provisionales y retención de mercancías
El proyecto contempla la aplicación de medidas provisionales cuando existan indicios razonables de que una mercancía pudo haber sido producida mediante trabajo forzoso.
En esos casos, la DGA podrá suspender el despacho aduanero, retener temporalmente los productos o establecer una prohibición provisional mientras se desarrolla la investigación.
Estas medidas tendrán una duración ordinaria de hasta 45 días, con posibilidad de extenderse por otros 30 días.
La iniciativa asigna a la Dirección General de Aduanas la responsabilidad de conducir el procedimiento y adoptar la decisión final sobre la prohibición. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo la evaluación técnica para determinar si existió trabajo forzoso en la cadena de suministro.
Importadores deberán declarar el origen de los productos
Uno de los cambios que plantea la propuesta es que todos los importadores deberán declarar, al presentar la Declaración Única Aduanera, si conocen o tienen motivos razonables para considerar que los productos que pretenden introducir al país fueron elaborados mediante trabajo forzoso.
El documento establece que una declaración falsa podrá generar sanciones administrativas conforme a la legislación aduanera, sin descartar posibles responsabilidades penales.
También dispone que los gastos derivados de la retención de una mercancía, su devolución al país de origen o su destrucción serán responsabilidad del importador.
Entre esos costos se encuentran el almacenamiento, la permanencia en puertos o aeropuertos, el transporte y las operaciones necesarias para reexportar o destruir los productos.
Aduanas deberá crear un registro público
La iniciativa ordena a la DGA crear, en un plazo de 180 días, un registro público en línea con las prohibiciones de importación relacionadas con el trabajo forzoso.
La plataforma deberá incluir información sobre las mercancías afectadas, sus productores, fabricantes o suplidores, el país o región de origen y la decisión que sustentó cada prohibición.
Sin embargo, el proyecto contempla medidas para proteger los datos que permitan identificar a las víctimas, los secretos comerciales legítimos y las investigaciones que se encuentren en curso.
Proyecto pendiente de segunda lectura
La propuesta fue impulsada por el senador Félix Bautista y respaldada por otros senadores del oficialismo.
Luego de recibir la aprobación del Senado, el proyecto fue conocido por la Cámara de Diputados, donde obtuvo el voto favorable en primera lectura.
La iniciativa deberá superar una segunda lectura en la Cámara Baja para completar su trámite legislativo.
