El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, propuso la creación de un pacto interinstitucional para prevenir la corrupción y fortalecer la integridad en el sistema de administración de justicia. Además, anunció medidas para agilizar los procesos disciplinarios contra abogados y notarios públicos.
Durante un encuentro con periodistas, en el que presentó los principales ejes de su agenda de trabajo para el primer cuatrimestre, el magistrado señaló que las malas prácticas extrajudiciales, como el manejo irregular de documentos y las falsas promesas a ciudadanos a cambio de dinero, afectan la credibilidad de todo el sistema.
Montero explicó que, aunque el Poder Judicial tiene la responsabilidad de tomar decisiones y deliberar, las actuaciones ilícitas de cualquiera de los actores que intervienen en la administración de justicia terminan perjudicando su imagen.
Proponen campaña conjunta contra las malas prácticas
Como parte de su propuesta, el presidente de la SCJ planteó desarrollar una campaña integral de prevención y concientización que involucre a cinco instituciones y sectores:
-
Policía Nacional.
-
Ministerio Público.
-
Ministerio de Interior y Policía.
-
Oficina Nacional de la Defensa Pública.
-
Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
El magistrado sostuvo que los esfuerzos para garantizar la integridad no deben limitarse a la preparación y supervisión de los jueces, sino que también deben alcanzar a los demás actores del sistema.
«No basta con que nosotros preparemos y blindemos a nuestros jueces para que no incurran en ese tipo de actos. Hay que ir a incidir con esos actores también, hay que concientizarlos y decirles que esas son malas hazañas que dañan el sistema», expresó.
Indicó que el impacto de estas actuaciones recae especialmente sobre el Poder Judicial, debido a que es el órgano que tiene la capacidad de decidir en los procesos.
SCJ busca agilizar procesos disciplinarios
En otro de los ejes de su gestión, Montero anunció un proyecto de fortalecimiento institucional dirigido a agilizar la jurisdicción disciplinaria que corresponde legalmente a la Suprema Corte de Justicia sobre abogados y notarios públicos.
La iniciativa busca garantizar que los procesos se conozcan en un tiempo razonable, eliminar el rezago acumulado y recuperar el funcionamiento de esa jurisdicción.
El presidente de la SCJ llamó a los profesionales del derecho y de la notaría a ejercer sus funciones con apego a la ética. Aseguró que se respetarán el debido proceso y el derecho a la defensa, pero advirtió que deben establecerse consecuencias ante las estafas y las falsas promesas que afectan a los ciudadanos.
«Tiene que terminar este desorden», manifestó al referirse a los procesos disciplinarios.
Asimismo, exhortó a los profesionales a que «simple y llanamente trillen e hilen bien sus actos», al considerar que la jurisdicción disciplinaria debe asumir su responsabilidad y determinar quién es inocente o culpable.
Montero presentó estas iniciativas durante una reunión con periodistas, en la que detalló su agenda de trabajo para el primer cuatrimestre, estructurada en cuatro ejes estratégicos: integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional.
