El Ministerio Público (MP) solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva como medida de coerción para un hombre y una mujer acusados de integrar una estructura delictiva dedicada a captar y explotar sexualmente a menores de edad.
La investigación, liderada por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago y el fiscal Juan Osvaldo García, señala como los presuntos cabecillas de esta red al abogado de oficio Andrés Acosta Vargas —residente en Santiago— y a Franyely Franchesca Peralta Guzmán, nativa del municipio Esperanza (provincia Valverde).
Detalles de la investigación
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Modus operandi: Los señalados fungían como reclutadores, contactando a adolescentes de entre 13 y 17 años mediante plataformas digitales y promesas de dinero en efectivo u obsequios. Con estos incentivos, buscaban que las víctimas sostuvieran encuentros íntimos mientras el principal sospechoso grababa los actos.
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Traslado forzado: Las pesquisas determinaron que una de las menores afectadas fue llevada bajo engaños desde la provincia Valverde hasta Santiago.
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Evidencias recolectadas: Durante el operativo de allanamiento en la residencia de Acosta Vargas, coordinado por la fiscal Cristina Ramírez, las autoridades decomisaron cámaras de videograbación, cables USB, cuantiosas sumas de dinero, preservativos (nuevos y usados), somníferos y estimulantes sexuales.
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Afectados: Hasta el momento, el órgano persecutor ha logrado identificar a tres víctimas, incluyendo a una jovencita de 17 años en estado de gestación.
Solicitudes al tribunal
Con el propósito de salvaguardar la integridad de los menores y prevenir su revictimización en audiencias futuras, el Ministerio Público requirió al tribunal la autorización de anticipos de prueba para los testimonios. Asimismo, pidió el aval para realizar el levantamiento forense y extracción de datos en los teléfonos celulares incautados.
De manera provisional, la institución acusa a los implicados de transgredir la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (modificada por la Ley 46-25), el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y la legislación sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Ley 53-03).
Fuente: Ministerio Público de la República Dominicana (Fiscalía de Santiago)
