En las clínicas y hospitales del país, el parto se ha convertido, para la mayoría de las mujeres, en una cirugía. Según la ENHOGAR-MICS 2025, el 68,2 % de los nacimientos de mujeres de 15 a 49 años cuyo último hijo nació en los dos años previos a la encuesta ocurrió por cesárea. Solo el 31,8 % fue vaginal. En el sector privado, la cifra llega al 87,9 %. En el público ronda el 52 %.
Detrás de esos porcentajes hay cuerpos concretos: mujeres a las que se les presenta la operación como lo «más seguro», lo «más moderno» o simplemente lo que se hace. La Organización Mundial de la Salud ha señalado durante años que las tasas por encima del 10-15 % no mejoran los resultados de salud materna o neonatal y sí aumentan los riesgos de infección, hemorragia, complicaciones de anestesia, recuperación más larga y problemas en embarazos futuros. En República Dominicana, esas cifras se normalizaron hasta convertir al país en uno de los de mayor tasa del mundo.
Los mismos datos muestran una brecha clara por nivel socioeconómico. Las mujeres con educación universitaria tienen un 81,7 % de cesáreas; las del quintil más rico, un 84,4 %. En el quintil más pobre, la cifra baja a un 55,7 % y, entre quienes solo tienen educación primaria o básica, es de un 48,9 %. El parto institucional es casi universal, pero el tipo de atención depende en gran medida del bolsillo y del lugar donde se pare. El sector privado, que concentra más de la mitad de los nacimientos a nivel nacional, opera en la práctica como un sistema orientado a la cirugía electiva.
Víctor Atallah, ministro desde enero de 2024, ha centrado buena parte de su gestión en la reducción del dengue (con periodos de cero muertes reportadas), la expansión del programa HEARTS de control de hipertensión, la digitalización y la ampliación de la infraestructura de atención primaria y hospitales. Esos avances son reales y medibles. Lo que no ha tenido el mismo peso es una política sostenida para frenar la sobremedicalización del parto.
Solo después de que se difundieron los resultados de la ENHOGAR-MICS, Atallah ha reconocido públicamente el problema. Ha hablado de revisar los incentivos económicos que favorecen las cesáreas, de armar una mesa con las ARS, el Colegio Médico y los prestadores, de educar a los médicos sobre el parto vaginal y de posibles protocolos con penalizaciones. También ha mencionado comités de mortalidad materno-infantil e intervenciones en hospitales. Son pasos necesarios, pero llegan después de casi dos años de gestión y, hasta ahora, se quedan en anuncios y reuniones. En la red pública, entre enero y agosto de 2026, las cesáreas seguían por encima del 56 %.
El Ministerio ha reportado descensos en algunos indicadores de mortalidad materna e infantil y ha impulsado talleres de control prenatal y acciones de lactancia. El propio ministro ha admitido que persisten brechas importantes. Una cesárea innecesaria no solo expone a la mujer a riesgos quirúrgicos; también puede complicar la lactancia, alargar la estadía hospitalaria y elevar costos que terminan pagando las familias o el sistema. Cuando el esquema de pago y la práctica habitual empujan hacia la cirugía, la autonomía de la mujer sobre su propio parto se diluye.
La cobertura de atención prenatal es alta (97,6 %, según la encuesta). El sistema sí llega a las mujeres. El reto pendiente es que esa llegada se convierta en atención respetuosa, basada en evidencia y centrada en la salud de la madre y el bebé, no en la conveniencia del prestador. Mientras se destacan logros en otras áreas, la práctica cotidiana en las salas de parto sigue siendo, para la mayoría de las dominicanas, una operación.





