La libertad no consiste solo en poder elegir: también exige saber gobernarse. Quien ejerce autoridad, sea en una empresa, en un gremio o en el Estado, lo demuestra de dos maneras: cuando acepta límites que nadie le impone y cuando deja a otros en mejores condiciones de decidir por sí mismos. Ulises lo entendió frente a las sirenas. En la Odisea, quiere escuchar su canto y, como sabe que en ese momento podría ordenar que lo desaten, pide a sus marineros que lo aten al mástil y no lo suelten aunque él mismo se lo mande. Hay compromisos que asumimos libremente precisamente para que sigan en pie cuando cumplirlos deja de convenirnos.
En una empresa, esa lección se aprende pronto. Un directivo puede tener facultad para imponer una decisión, pero su autoridad se fortalece cuando se ata a sus propias reglas: explica sus razones, escucha a quien discrepa y no cambia las condiciones a mitad del camino. De su ejemplo aprenden los demás cómo actuar cuando les toque decidir por su cuenta, y así se forma una cultura capaz de sostenerse cuando cambia la dirección.
También en la vida pública conviene preguntarnos para qué queremos la libertad. La queremos para emprender, asociarnos, expresar nuestras convicciones y participar en las decisiones que afectan a nuestras comunidades. Ejercerla responsablemente exige reconocer que otros tienen los mismos derechos y aceptar que las reglas se apliquen con igual rigor cuando nos favorecen y cuando nos incomodan. La prueba del respeto a una institución llega el día en que decide en contra de nuestro interés.
Pensemos en cualquier decisión que afecta a varios. Quien propone algo tiene el derecho de impulsarlo y la responsabilidad de explicar sus razones y sus consecuencias. Quien se ve afectado tiene el derecho de conocer esas razones, de objetarlas y de exigir que los compromisos que se asuman puedan ser verificados. Quien decide tiene la obligación de hacerlo con reglas claras y con argumentos que cualquiera pueda examinar. Cada uno limita su propio poder para que los demás puedan ejercer el suyo. Cuando ese hábito se mantiene, las diferencias no se convierten en conflicto permanente; cuando se rompe, se erosiona la confianza de todos.
Ese hábito no se improvisa. Una parte decisiva de la educación cívica ocurre en espacios que los propios ciudadanos sostienen: una asociación de vecinos que aprende a examinar el presupuesto municipal, un gremio que somete sus propuestas al escrutinio público, una universidad que reúne a personas con posiciones enfrentadas. Ahí se aprende a formarse un juicio propio y a defender un interés legítimo sin confundirlo con el interés general.
En la República Dominicana, el Centro Juan XXIII es un ejemplo concreto de esa labor. Surgió en 2003 por iniciativa de laicos católicos y promueve la formación y la participación ciudadana desde una inspiración cristiana, con apertura a personas de distintas creencias. A través de núcleos de reflexión, cursos, conversatorios y debates con candidatos, ofrece a los ciudadanos ocasiones para contrastar propuestas, formular preguntas y pedir cuentas a quienes aspiran a gobernar. No sustituye al Estado ni a los partidos; fortalece la capacidad de los ciudadanos para ejercer su libertad con criterio.
Al cabo de una gestión, solemos preguntar cuánto produjo el directivo, qué consiguió el dirigente gremial o qué obras dejó el gobernante. Conviene añadir otra pregunta: ¿cuántas personas quedaron en mejores condiciones de decidir y asumir responsabilidades por sí mismas? En una sociedad libre, también por esa respuesta vale la pena juzgar a quienes dirigen.
Por: Martín Valerio Jiminián
Abogado




